Presidente Maduro: “Quieren destrozar a Venezuela como hicieron con Libia, derrotaremos a la Oligarquía y a Estados Unidos” – Cronología de la agresión

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En marzo de 2011 la oposición de Libia que buscaba derrocar al presidente Muamar Gadafi, desconoció la autoridad del Gobierno y creó una administración paralela que llamarían Consejo Nacional de Transición (CNT) con el auspicio de Estados Unidos. La misma instancia que dos semanas después y en los meses subsiguientes facilitó la invasión militar liderada por mercenarios y fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán).

Casi ocho años después la oposición venezolana promueve la creación de un Estado paralelo en Venezuela con el auspicio de Estados Unidos (EEUU) y sus gobiernos satélites en la región, la ficha para acometer este plan es la Asamblea Nacional en desacato a través de su presidente, Juan Guaidó, quienes se atribuyen de manera inconstitucional funciones del Ejecutivo Nacional.

El martes 15 de enero, la AN en desacato aprobó un acuerdo que declara una supuesta “usurpación” de la presidencia de la República por parte de Maduro y se atribuye funciones del Ejecutivo. En el segundo numeral del texto llaman a la conformación de un “gobierno de transición”.

En el numeral tres aseguran que es “el Presidente de la Asamblea Nacional quien se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa legal aprobada hasta tanto se restituya el orden democrático y el Estado de Derecho en el país”.

Las pretensiones de la AN—que se encuentra en desacato desde enero de 2016, por no acatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y juramentar a tres diputados del estado Amazonas suspendidos por irregularidades en el proceso de elección—salieron a la luz pública el 5 de enero de este año, cuando después de asumir la jefatura de la instancia legislativa, Guaidó propuso la conformación de un órgano de articulación “para la transición” que según él, permita la renovación y designación de “poderes usurpados” por el jefe de Estado legítimo, Nicolás Maduro.

El 11 de enero, un día después que el presidente Nicolás Maduro tomará posesión legítima para el período de Gobierno 2019-2025, Guaidó afirmó que la instancia que preside tendría que asumir “las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República porque lo dice nuestra Constitución”, reflejó una nota de prensa de la AN en desacato.

El aval de EEUU

El Consejero de Seguridad nacional del Gobierno de los Estados Unidos, John Bolton, a través de un comunicado, validó la creación del Estado paralelo cuando aseguró el pasado 11 de enero que la administración de su país considera a la Asamblea Nacional en desacato como “el único órgano legítimo del poder”.

Otro funcionario estadounidense que se pronunció fue el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Palladino, quien pidió de manera injerencista la formación de un nuevo gobierno. “Es hora de iniciar una transición ordenada hacia un nuevo gobierno”, afirmó, según citaron el pasado viernes medios internacionales.

A la postura estadounidense se plegó el secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA), Luis Almagro, quien a través Twitter, ese 11 de enero escribió: “Saludamos la asunción de Guaidó como Presidente interino de Venezuela (…) Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional (…)”.

Por su parte, el gobierno que preside el ultraderechista, Jair Bolsonaro, también reconoció a Guaidó como supuesto presidente de Venezuela, reseñaron medios internacionales.

Una semejanza más

A finales de febrero de 2011 autoridades estadounidenses congelaron 30.000 millones de dólares de activos libios bajo jurisdicción de Estados Unidos, como parte del programa de sanciones a Libia.

La mayoría de los fondos congelados pertenecían al Banco Central de Libia y al Fondo de Inversión Soberano, Libyan Investment Authority, que EEUU consideraba que estaban controlados por Gadafi y su familia.

Ocho años después, el pasado 8 de enero la AN en desacato aprobó un decreto que propone la creación de un fondo para resguardar activos que resulten de la “corrupción venezolana” para ser supuestamente asegurados y devueltos al país para financiar políticas públicas que solucionen la “crisis humanitaria”.

La medida contó con el respaldo inmediato del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, quien aplaudió la iniciativa de la instancia en desacato “de trabajar con la comunidad internacional para recuperar estos y otros fondos robados y usarlos para aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela”.

La CPI

Desde hace varios años, la oposición venezolana con apoyo de la derecha internacional promueve una campaña para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue a Maduro por supuesto crímenes de lesa humanidad.

Esta es la misma receta que aplicaron contra Gadafi, de hecho a comienzo de marzo de 2011, La Corte Penal Internacional pidió investigar a Gadafi por supuestos crímenes de lesa humanidad por las acciones militares emprendidas en las manifestaciones antigubernamentales. Un mes después solicitó el arresto del líder libio.

El 19 de marzo de 2011 comenzó la intervención militar de la Otán contra Libia.

Siete meses después Gadafi fue capturado por los rebeldes del CNT, quienes eran apoyados por la Otán. El líder libio fue linchado y su cadáver conducido a Misrata.

En la actualidad, Libia tiene tres gobiernos: dos en Tripolí, la capital, que compiten por el liderazgo en el oeste del país, y otro en Tobruk, que domina las regiones del este. Luego de la invasión, en el país árabe los esclavos se venden en los mercados públicos.

El conflicto armado abierto desde 2011 ha cobrado la vida de cinco mil personas y casi un millón han huido de sus hogares.

RESPUESTA A LA AGRESIÓN

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó. este domingo, que la oligarquía que pretende entregar el país a Estados Unidos será derrotada. Es la misma que dio el golpe de Estado en el 2002.

“La misma oligarquía que dio aquel golpe de Estado en el 2002, hoy pretende entregar la patria al imperialismo norteamericano. Siguen subestimando la fuerza y la determinación del pueblo bolivariano. Los derrotaremos”, aseveró a través de Twitter.

Tras supervisar las maniobras militares en la base naval de Turiamo, en el estado Aragua, el mandatario visitó la enfermería del Apostadero Naval Tomás Vega, lugar donde en abril de 2002 estuvo secuestrado el comandante Hugo Chávez por el golpe de Estado.

En un video que publicó, el mandatario afirmó que pese al hecho, Chávez gobernó más tiempo y dejó un proceso revolucionario que sigue en marcha.

“Siempre lo subestimaron y lo subestiman, todavía creen que somos algo que no valemos. No saben lo que somos de verdad”, aseveró.

Exhortó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a asumir la responsabilidad de la defensa de la patria y mantener máxima cohesión.

“Debemos ser como Antonio José de Sucre, dice nuestra consigna: ‘Leales siempre, traidores nunca’. Los llamo a ustedes, hombres y mujeres de mar, a la máxima cohesión, prepararse cada vez más para que este mar siga siendo libre”, enfatizó el Jefe de Estado, durante la supervisión de maniobras militares en la base naval de Turiamo, en el estado Aragua.

Allí destacó la necesidad de cuidar la unión de la FANB, su lealtad y su coraje. “Ustedes, soldados de la patria, son la máxima garantía de libertad y soberanía. Cada uno debe estar a la altura del tiempo histórico que nos toca vivir”, expresó el mandatario nacional.

Rechazó y condenó el intento de plan golpista orquestado por Estados Unidos con el aval de la derecha venezolana.

“Quieren entregar nuestro país en pedazos al imperio gringo, quieren desmembrar a Venezuela, que es la cuna de la libertad. Quieren debilitar a la nación, los enemigos de la patria serían felices viendo débil al país”, alertó.

Ante esas arremetidas contra la soberanía y el Gobierno que dirige, el presidente Maduro ratificó que se mantendrá firme en defensa de la Constitución y los derechos de la República.

“Ni intervención ni guerra civil en Venezuela, aquí habrá paz”, sostuvo.

CRONOLOGÍA DE LA AGRESIÓN DESDE EL 2015

2015

Febrero: El jefe de Estado Nicolás Maduro, denunció que oficiales de la Aviación del Ejército recibían financiamiento por parte de funcionarios del gobierno de los EE.UU. para llevar a cabo un Golpe de Estado en Venezuela, que se desarrollaría por etapas.

Marzo: El presidente estadounidense Barack Obama anunció la ejecución de nuevas sanciones contra Venezuela, por supuestas violaciones de derechos humanos.

Posteriormente, Obama declaró un escenario de “emergencia nacional” por el “riesgo extraordinario” que supone la situación de Venezuela para la seguridad de EE.UU.

Abril: El gobierno venezolano envió una carta al Gerente País de la compañía estadounidense Exxon Mobil, Jeff Simon, reiterando su rechazo a las intenciones de esta empresa para quebrantar el cumplimiento de obligaciones bilaterales suscritas entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela.

Junio: El Jefe del Comando Sur de EE.UU., John Kelly, cuestionó la voluntad del Gobierno venezolano para combatir el tráfico de drogas.

Agosto: El funcionario del departamento de Estado de EE.UU., Mark C. Toner, se refirió a la política electoral de Venezuela. Solicitó levantar el veto impuesto a varios opositores para participar en las elecciones parlamentarias. Instó al gobierno venezolano a permitir una observación electoral.

Septiembre: El Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, criticó la actuación de la justicia venezolana en el caso del dirigente político de derecha, Leopoldo López, interfiriendo –una vez más- en los asuntos internos del país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publica un informe en el que “denunció” la presunta crisis humanitaria y violación de derechos de los colombianos deportados por las autoridades venezolanas.

Octubre: John Kerry, Secretario de Estado de EE.UU., afirmó que la democracia de Venezuela es “imperfecta”.

Noviembre: Venezuela denunció violación de su espacio aéreo por parte de un avión de inteligencia de Estados Unidos que despegó desde la base aérea de Curazao.

2016

Marzo: El presidente Obama extendió por un año la orden ejecutiva que considera a Venezuela una “amenaza inusual y extraodinaria”.

Mayo: El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó la activación del procedimiento para aplicar la Carta Democrática del organismo contra Venezuela, para lo cual presentó un informe de 132 páginas, para “atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático” en Venezuela.

Junio: Se realizó la reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la que expresaron su apoyo al diálogo acompañado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) entre el Gobierno y oposición en Venezuela.

Posteriormente el Gobierno venezolano denunció que la oposición venezolana -con quien Luis Almagro se ha reunido públicamente- quiere ejecutar un “golpe suave” con operaciones y ataques promovidos desde el extranjero, mediante la manipulación informativa, la movilización y la infiltración la violencia.

2017

Enero: Se renovó el Decreto que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad interna de EE.UU.

Febrero: El Departamento del Tesoro de EE.UU. emite una sanción al vicepresidente Ejecutivo venezolano, Tareck El Aissami, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En esta misma línea, el Senado de EE.UU. emite una resolución de apoyó al secretario general la OEA, Luis Almagro, para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela.

Marzo: El subsecretario de narcotráfico de Estados Unidos, William Brownfield, publicó un informe atacando las políticas antidrogas de Venezuela. Al siguiente día, el Departamento de Estado desconoció los avances del país suramericano en términos de garantía de los derechos humanos en su informe de DDHH 2016.

Abril: Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de EE.UU., declaró que la situación en Venezuela “podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional”, hecho que fue denunciado por el Gobierno venezolano como una “acción injerencista”.

Junio: La embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, pidió “acciones” en Venezuela, tras argumentar que el pueblo del país suramericano “está padeciendo hambre, mientras su gobierno pisotea la democracia”.

Julio: El Gobierno estadounidense sancionó a 13 funcionarios, exfuncionarios y militares venezolanos, en un intento por intervenir en la política local e impedir la elección de los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente, procedieron a sancionar al presidente Nicolás Maduro.

Agosto: Donald Trump, presidente de EE.UU., amenazó de forma directa y publica a Venezuela, al expresar que tenían “muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesario”. Estas declaraciones fueron rechazadas por el Gobierno venezolano y gran parte de la comunidad internacional.

2018

Marzo: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió sus sanciones injerencistas contra Venezuela, al renovar el Decreto que declara a Venezuela “como una amenaza inusual” para su país.

Junio: El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, realiza una gira por Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Panamá, países donde ingresaron marines a principio de año. Entre los temas centrales de la visita del funcionario estadounidense a Suramérica se encuentra, una vez más, Venezuela.

Agosto: Se ejecuta un magnicidio frustrado en contra del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Las investigaciones arrojan financiamiento al terrorismo desde territorio estadounidense.

Septiembre: Estados Unidos anunció la organización de una reunión informal del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación en Venezuela, un formato que ya utilizado el año 2017.

El diario estadounidense New York Times reveló una serie de reuniones mantenidas durante 2017 y 2018, entre funcionarios del Gobierno de EE.UU., y un grupo de militares venezolanos disidentes a Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana, cuyo objetivo era negociar una posible ayuda por parte de la administración de Trump para derrocar al presidente de Venezuela.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU), emite medidas coercitivas en contra de la primera combatiente Cilia Flores; la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, entre otros funcionarios.

Noviembre: La Administración Trump emitió una Orden Ejecutiva que amplía las sanciones contra la economía y población venezolanas, confiriendo a los Secretarios de Estado y del Tesoro el derecho a confiscar propiedades a quienes operen en el sector aurífero venezolano.

2019

Enero: El 23 de enero, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó se autoproclamara como presidente encargado de Venezuela, Donald Trump, lo reconoce, asumiendo una vez más una posición injerencista en contra de la soberanía de Venezuela.

Posteriormente, El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, instó al presidente Nicolás Maduro a apartarse del cargo, constituyendo una violación flagrante a la Constitución de la República.

Estados Unidos pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la crisis en Venezuela, donde el Secretario de Estado de la nación norteamericana Mike Pompeo instó a los miembros del organismo multilateral a elegir “un bando”.

Por otra parte, Mediante una acción de bloqueo financiero, el gobierno norteamericano procedió mediante la Casa Blanca en conjunto con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos a cargo de Steven Mnuchin, a congelar los activos de Venezuela e iniciar una acción de arbitraje por parte de las autoridades estadounidenses a favor del “gobierno” del autoproclamado Juan Guaidó.

Estas acciones contra PDVSA constan del congelamiento de unos 7 mil millones de dólares en activos de la petrolera estatal venezolana, en adición a una pérdida estimada por el propio departamento de 11 mil millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.

El Gobierno estadounidense ha revelado a su vez planes para cortar las fuentes de ingresos del Gobierno de Venezuela y dirigirlas a los golpistas. El Departamento del Tesoro norteamericano ha prometido estrechar el bloqueo económico a Caracas para derrocar al Gobierno constitucional, que preside el Jefe de Estado Nicolás Maduro.

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