Lo que Guaidó quiere olvidar, Venezuela lo recuerda: conmemoran los 30 años del “Caracazo”

El “Caracazo”, fue un alzamiento popular reprimido brutalmente, originado en las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional en el segundo mandato del expresidente, Carlos Andrés Pérez, que vulneraron los derechos sociales del pueblo venezolano.

La derecha venezolana quiere olvidar este episodio que sirvió de impulso a la posterior reforma revolucionaria dirigida por Hugo Chávez y que perdura hasta el presente.

Como parte de la conmemoración de los 30 años del “Caracazo”, las fuerzas progresistas convocan en Caracas a una marcha que se realizará hoy miércoles desde las 9 de la mañana, desde Parque Miranda hasta a la redoma de Petare.

“Este miércoles #27Feb tenemos una cita con la Revolución.   Vamos todas y todos a la gran movilización de las fuerzas revolucionarias. 9.00 AM”, escribió el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en la red digital twitter.

El movimiento comenzó el 27 de febrero en Guarenas​ y finalizó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas.

Las medidas antipopulares de Carlos Andrés Pérez:

  • Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.
  • Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30 %.
  • Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.
  • Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
  • Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
  • Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
  • Aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100 % en el precio de la gasolina.
  • Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30 %.
  • Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30 % e incremento del salario mínimo.
  • Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
  • Reducción del déficit fiscal a no más del 4 % del producto territorial bruto.
  • Congelación de cargos en la administración pública.

El 26 de febrero de 1989, el Ministerio de Energía y Minas anunció el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.

El Gobierno declaró el toque de queda y militarizó las ciudades principales. En la ciudad de Caracas se activó el “Plan Ávila”, el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolo para el uso de armas de guerra.

Hubo un número desconocido de muertos. Algunos organismos de Derechos Humanos hablan de miles como también enormes pérdidas materiales y miles de heridos. El Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) determinó con identificación exacta de las víctimas (cédula de identidad, nombre y apellido, circunstancias de la muerte) un número de 380 que siempre se consideró parcial (la lista fue entregada al Ministerio Público). La represión fue especialmente dura en la Universidad Central de Venezuela, así como en los barrios pobres de la capital.

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El 2 de marzo de 1989, cuatro días después de iniciado el alzamiento, fue fundado, bajo la coordinación de Enrique Ochoa Antich, exdiputado , para entonces Coordinador del Comité para los Derechos Humanos, a las puertas de la morgue de la ciudad, el Comité por los Desaparecidos y las Víctimas Inocentes, que luego cambiaría su nombre por el de COFAVIC (Comité de los Familiares de las Víctimas). Fue este Comité el que informó a los medios nacionales e internacionales de las dimensiones de la violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte del Estado venezolano durante los sucesos.

En marzo de 1993, el Presidente Carlos Andrés Pérez fue acusado oficialmente de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la presidencia por designación del Congreso Nacional,  Ramón J. Velásquez, quien fue sucedido por Rafael Caldera tras las elecciones de 1994. Carlos Andrés Pérez murió en Miami el 25 de diciembre de 2010 a los 88 años.

 

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