En Chile las FF. AA. y la policía están corruptas y hacen lavado de dinero

Además de los escándalos de malversación de caudales públicos en el Ejército, Carabineros de Chile, Fuerza Aérea y Armada, parecería que nada podía sorprender a los chilenos. Es la herencia inmoral dejada por el dictador Pinochet.

Persuadidos por la derecha sediciosa, envalentonados por la prensa golpista y sobornados por el dinero fácil de la CIA y otras agencias norteamericanas, un grupo de generales y almirantes rastreros puso precio vil a su insubordinación. En el momento del golpe , en 1973, no sólo traicionaron a la patria con su deslealtad a la institucionalidad democrática. En ese instante también inocularon en las FF.AA., el germen de una corrupción estructural y endémica de la que no han podido salir.

Sin embargo, nada hacía presagiar que los comandantes en jefe recibían una mesada adicional a sus ingresos fiscales que provenía del uso ilícito de dineros reservados

“Es lo que llamo ‘apoyo a los excomandantes en jefe’. Se entregaba en forma mensual, según recuerdo, al principio, en 2010, eran $ 400.000 mensuales, luego esa cantidad aumentó a $ 600.000, hasta llegar en 2013 a $ 800.000 mensuales. Esto pasó con el general Ricardo Izurieta Caffarena, el general Juan Emilio Cheyre y el general Óscar Izurieta Ferrer. Esos recursos provenían de gastos reservados”.

La confesión del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba Poblete ante la jueza Romy Rutherford, realizada en las maratónicas declaraciones de mediados de febrero, justo antes de ser procesado por malversar $ 3.500 millones, fue la que activó la arista que hoy complica a las exmáximas autoridades de la institución castrense tras el retorno a la democracia.

El procedimiento año a año era así: el director de Inteligencia se trasladaba en un auto fiscal blindado hasta la Dirección de Finanzas del Ejército (Dife), desde donde retiraba el dinero de gastos reservados destinado a operaciones de inteligencia y seguridad. Eran cientos de billetes y miles de dólares los que eran trasladados en un maletín negro. El trámite se repetía cada tres meses. Al retornar a la oficina de Finanzas de la Comandancia en Jefe, ese efectivo se guardaba en una caja fuerte. El único habilitado para retirar ese dinero y repartirlo era el director de Inteligencia. La única prohibición era que el uso de ese dinero fuera para fines personales. No quedaba registro alguno del egreso de esos dineros.

-“Usted siendo Dine,(director de Inteligencia del Ejército), ¿cuánto dinero recibió ese año por concepto de gastos reservados y en qué lo gastó?”.

“No puedo responder esa pregunta, ya que las actividades desarrolladas y los montos usados están protegidos por la Ley de Inteligencia”.

Este diálogo entre la jueza Rutherford y exdirectores de Inteligencia del Ejército se ha repetido varias veces. Amparados en el deber de reserva de las actividades que realizaban para la seguridad del país, los ex Dine han sido una especie de “muralla” con la que la justicia ha chocado al momento de trazar la ruta de dónde fueron a parar los gastos reservados que fueron malversados, según el procesamiento al que se sometió al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.

Sin embargo, según quienes han tenido acceso a las piezas reservadas del expediente, hubo un jefe de Inteligencia que aportó un dato importante para la hipótesis que sigue la ministra Rutherford. Se trata del general (R) de Brigada Sucre Elgueta Segura, quien si bien no develó cuánto gastó en las acciones de inteligencia bajo su mando del Dine, aseguró a los investigadores que las cantidades de dinero giradas tanto en moneda nacional como en dólares que aparecen en las rendiciones del 2012, 2013 y 2014 no coinciden con los montos retirados y gastados por él, ni por los exdirectores de Finanzas del Ejército, generales (R) Jorge Rojas Meissner y Jozo Santic Palomino. Este último permanece detenido desde el jueves 28 por la jueza Rutherford, quien sigue cercando a los oficiales más cercanos del excomandante Fuente-Alba. Su futuro se decide mañana.

El lavado de dinero

El teléfono sonó insistentemente, a fines de 2013, en el Departamento de Finanzas del Ejército. Al otro lado, el entonces comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, daba una orden inusual: “tráiganme de inmediato US$ 250.000”. El receptor del llamado, un alto oficial castrense, quedó atónito ante la cantidad de dinero solicitada: la totalidad del saldo de los gastos reservados de que disponía el general. La petición, que se encuentra descrita en un testimonio secreto de la investigación que lleva adelante la ministra Romy Rutherford, ocurrió a pocos de meses de que el jefe del Ejército dejara el mando en marzo de 2014.

Cinco años después de ese episodio que grafica como el general Fuente-Alba manejaba a voluntad las remesas de gastos reservados asignadas para labores de inteligencia y seguridad del Ejército, la jueza Rutherford lo mantiene privado de libertad en el Batallón Militar de Peñalolén.

Una vez imputado el delito base por parte de la justicia militar, en este caso la malversación, ahora es el turno de la justicia ordinaria. La Fiscalía formalizará al general Fuente-Alba por el mecanismo con el que habría intentado ocultar el origen ilícito de su abultado patrimonio obtenido desde los gastos reservados del Ejército.

Los testimonios que inculpan al general (R) permanecen en un cuaderno secreto de Rutherford y en piezas reservadas de la carpeta de investigación del fiscal Morales.

Una de las declaraciones clave es la del exjefe de Contabilidad y Remuneraciones del Departamento de Finanzas del Ejército, coronel Sergio Vásquez, quien en su testimonio relata una de las medidas que Fuente-Alba adoptó cuando supo, a fines de 2014, que estaba siendo investigado.

El oficial habría afirmado que el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, sucesor de Fuente-Alba y también investigado por la jueza Rutherford, le habría ordenado en marzo de ese año la coordinación de la entrega de $ 800 mil mensuales a los exjefes militares, generales (R) Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba. Según confesó hace algunos días este último, mediante el uso de gastos reservados se entregaba mensualmente esta suma de dinero a sus antecesores por concepto de “apoyo”.

Vásquez ratifica esta “mesada” que se le encargó coordinar en marzo de 2014 y que se entregaba a principios de cada mes.

Para materializar los pagos, Vásquez se dirigía a la Dirección de Finanzas del Ejército (DIFE) donde se le entregaban, en un sobre blanco, $ 2 millones 400 mil en efectivo: $ 800 mil para cada ex comandante en jefe antes mencionado. El coronel -personalmente- los llamaba para avisarles que estaba listo el dinero.

Casi siempre, según la declaración de Vásquez, los sobres blancos eran retirados por oficiales de seguridad que cada exmilitar tenía a su cargo, y en otras ocasiones, desde el propio Ejército se encargaban de hacer llegar este “apoyo”.

Pero a fines de 2014, Fuente-Alba llamó a Vásquez para cambiar el mecanismo de pago. Usando un teléfono personal y cuando ya habían salido a la luz pública las sospechas sobre el origen de su abultado patrimonio, el general (R) le ordenó al coronel que a contar de esa fecha los $ 800 mil mensuales fueran depositados directamente en sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco de Chile.

Las otras maniobras del general

“La vocación de servicio de un militar no mira tanto el resultado económico”.

Así explicaba el general Fuente-Alba a Revista Caras, en febrero de 2014, días antes de dejar el cargo de comandante en jefe del Ejército, la baja en el interés de jóvenes por ingresar a la Escuela Militar. Su frase resulta ahora una paradoja cuando la jueza Rutherford lo acusa de apropiarse de casi $ 3.500 millones mientras ocupó el máximo cargo de la carrera militar.

La debacle de Fuente-Alba tiene fecha de inicio: 5 de noviembre de 2014. Ese día el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, abrió de oficio una investigación secreta en su contra. Sin mediar denuncia y motivado por una fortuita revisión de antecedentes en páginas de internet que cuestionaban de forma anónima la gran cantidad de propiedades, autos de lujo y nivel de vida de Fuente-Alba , que no se condecía con el sueldo de un militar, el Ministerio Público decidió revisar la situación económica del excomandante.

Un informe de la Unidad de Análisis Financiera (UAF) confirmó, en abril de 2015, las sospechas. Entre 2004 y 2015 Fuente-Alba realizó 19 compraventas de once bienes raíces, seis de esas transacciones fueron con sus hijos Adolfo y Fernando de -entonces- 30 y tantos años.

Dos de las casas adquiridas por Fuente-Alba, según los analistas de la UAF, “fueron pagadas al contado”, por un total de $ 218 millones. Asimismo, una propiedad adquirida en 2013 por $ 125 millones no registraba hipotecas, por lo que habría sido pagada en efectivo.

Una situación similar quedó de manifiesto con su esposa, Anita Pinochet Ribbeck, quien entre los años 2013 y 2015 adquirió “dos bienes raíces por un total de $ 274 millones, pagado, por lo menos uno de ellos, al contado y con dinero en efectivo”, se lee en el informe. Los analistas de la UAF, destacaron que Pinochet no registraba actividad económica después del 2010, ni participaba en alguna sociedad, ni imponía ante una AFP.

“Dichas adquisiciones carecen de una justificación aparente del origen de fondos con los cuales fueron financiadas”, sostiene el reporte. A eso se suma, se lee en el documento, la adquisición de Fuente-Alba de dos automóviles por $ 96 millones en 2015, lo que junto a la compra y traspaso de casas “superaban significativamente sus ingresos tanto de remuneraciones percibidas del Ejército como de su pensión”.

En octubre de 2016, la abogada Joanna Heskia -defensa del oficial retirado- entregó al Ministerio Público un análisis patrimonial privado que intentaba rebatir las conclusiones de la UAF. Según este informe, una de las justificaciones para el abultado patrimonio del exjefe del Ejército eran sus habilidades financieras. “Juan Miguel Fuente-Alba Poblete es un activo inversionista, razón por la cual, todos los ingresos percibidos el 2014, tanto de la venta de bienes inmuebles y muebles, herencia recibida por parte de su esposa Anita María Pinochet Ribbeck, así como los fondos recibidos por su retiro del Ejército, los depositó e invirtió inmediatamente, inversiones que ha mantenido hasta el presente”, se leía en el documento.

En la investigación contra Fuente-Alba hay una arista que involucra el mal uso de viáticos y el pago de viajes suyos y su esposa, cuyos traslados y compras eran financiados con platas fiscales. De eso es testigo clave el coronel Jorge Cortés, quien declaró que tenía la orden de entregar a Rodolfo Hidalgo, funcionario de la Comandancia y hombre de confianza de Fuente-Alba, $ 12 millones en efectivo los primeros días de cada mes.

El destino de esos dineros era conocido por varios oficiales de esa repartición: el mantenimiento, funcionamiento, fiestas y otros, en la casa fiscal que ocupaba el comandante en jefe y su familia. Los dineros egresaban por orden de Fuente-Alba, se sacaban en sobre y nunca quedó registro en el Ejército.

Cuenta en el extranjero

Solo en una o dos ocasiones el general Fuente-Alba le dirigió la palabra a Luis Donoso Santibáñez. Al menos así lo recuerda el suboficial que trabajó por más de 36 años en el Ejército, siempre en el área de Finanzas, realizando labores para los ex comandantes en jefe Augusto Pinochet, Ricardo Izurieta, Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba. Sin embargo, con este último tuvo solo un par de encuentros, en que casi no le habló.

Pese a la nula relación entre ambos en sus carreras militares, en la investigación contra Fuente-Alba este exsuboficial resultó ser una pieza clave de otro de los mecanismos que habría ideado el general (R) para ocultar el origen de los dineros fiscales:depósitos de viáticos en dólares en una de las dos cuentas bipersonales que él y su cónyuge mantenían en el banco HSBC de Estados Unidos.

Donoso llegaba hasta una sucursal de BancoEstado ubicada en calle Bandera, solicitando hablar con algún ejecutivo. En el recinto, el suboficial era conocido. No pocas veces llegó con efectivo (en dólares) para realizar una transacción internacional. Fueron varias transferencias a la cuenta en el extranjero del general Fuente-Alba con las que cuenta la jueza Rutherford y que fueron analizadas por un equipo multidisciplinario de la PDI. En ellas se describe un flujo de diversas sumas en dólares al extranjero, una de ellas por US$ 26 mil.

Durante varios meses la jueza Rutherford y en paralelo el fiscal Morales han trazado la ruta de los dineros de Fuente-Alba. Son estas maniobras las que sustentarían una pronta imputación por lavado de activos, que -incluso- podría alcanzar a su esposa, Anita Pinochet. La mujer ha sido interrogada en calidad de imputada por la Fiscalía Centro Norte. En dicho interrogatorio se hizo hincapié en los constantes depósitos en efectivo de carácter mensual, entre 2011 y 2015, a su única tarjeta bancaria, algunos de los cuales llegaron a sumas de US$ 5.000 y US$ 6.000.

Los lujos de Anita

En el proceso judicial existe un testimonio de un exoficial que habría presenciado la vida de lujos de los Fuente-Alba Pinochet. Según declaró este uniformado, de los gastos reservados que se giraban se ocupaban altas sumas para diversos regalos que la esposa del comandante en jefe compraba para sus amistades en exclusivas tiendas de Alonso de Córdova. Entre ellos, según se investiga, está la compra de pañuelos en Hermés o insumos de cocina en la tienda de Verónica Blackburn. Esta última era amiga de Pinochet.

En una ocasión, en febrero de 2011, Fuente-Alba habría instruido el envío de US$ 2 mil en efectivo cuyo destino habría sido una lujosa cena en París que Pinochet brindó a Blackburn.

El nivel de vida del matrimonio está descrito en una serie de declaraciones. Un sobre de color café con dinero en efectivo era el símbolo del dinero que mensualmente se asignaba a los gastos de la casa del general. En el lugar, según se ha establecido, trabajaban 21 personas de planta del Ejército que oficiaban como choferes, mayordomos, telefonistas, cocineros. Sobre las fiestas, se dice que incluso llegaron a gastar $ 800 mil en flores y sumas aún más elevadas en bandas de piano y violín polaco, además de exclusiva banquetería.

La defensa de Fuente-Alba no quiere referirse a la situación judicial de su cliente a la espera de que la jueza les dé acceso a los cuadernos reservados con los que ha sustentado su procesamiento.

Las advertencias del Contralor

En junio de 2016, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, recién estaba asumiendo su nueva función. Había llegado a su cargo hacía seis meses y en ese tiempo hubo un episodio que le llamó especialmente la atención: la rendición de gastos reservados por parte de instituciones públicas que tienen asignado ese presupuesto.

Bermúdez tuvo que analizar por primera vez la forma en que las reparticiones del Estado, como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas (FF.AA.), informan al organismo sobre estos recursos utilizados.

Según conocedores del proceso, en el caso de las instituciones castrenses, los comandantes en jefe de cada rama acuden a la oficina del contralor de turno con un sobre cerrado que en su interior trae la rendición -reservada y genérica- junto a una declaración jurada. El contenido es leído, luego archivado y tras ello se finaliza la revisión.

Bermúdez determinó que tenía que alertar al Ejecutivo sobre esta práctica que recién conocía. Así, decidió redactar el oficio reservado 45.700,  que fue remitido a la entonces Presidenta Michelle Bachelet el 21 de junio de 2016.

En el documento de dos páginas, Bermúdez aseguró que la rendición de gastos “carece de una aplicación práctica”. Luego añadió que “la documentación proporcionada no puede, en rigor, ser considerada como una rendición de cuentas propiamente tal. (…) Ello considerando que los gastos se informan sin antecedentes de respaldo alguno que permita verificar su correcto uso”.

El oficio detalla la forma prevista en la Ley 19.863, promulgada en 2003, la que regula los gastos reservados de las FF.AA. y de otras nueve instituciones públicas: la Presidencia, el Ministerio del Interior, Cancillería, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría para las FF.AA., Carabineros, PDI y la Agencia Nacional de Inteligencia.

Bermúdez advirtió, además, que “esta Contraloría debe limitarse a hacer fe del contenido de lo informado, careciendo de los medios para comprobar si los recursos asignados en cada caso han sido efectivamente invertidos en la forma en que la ley prevé”. Todo eso lo hizo concluir que se trata de una normativa que “resulta completamente insuficiente”.

Ante este escenario, el informe añade que la Contraloría no cumplió con la tarea de “examinar y, eventualmente, juzgar tales cuentas” ante el Ejecutivo. Se agrega que “ello explica que, hasta la fecha, no se haya informado a la Presidencia de la República la opinión de este organismo de control respecto del destino otorgado a esos gastos. Lo anterior, toda vez que el mismo carece de información suficiente para emitir tal pronunciamiento”.

La autoridad también calificó la situación como una “debilidad normativa” y solicitó a la Jefa de Estado ponderar “una eventual modificación en términos de permitir el completo acceso de esta Contraloría a la documentación de respaldo de los gastos, sin perjuicio de mantener la obligación de guardar la debida reserva al respecto”.

Las advertencias de Bermúdez no se quedaron solo en ese oficio, sino que el contralor las volvió a reiterar en cinco comisiones, permanentes e investigadoras del Congreso durante 2017 y 2018. En cada una el planteamiento fue el mismo: “Dentro de las debilidades de la institucionalidad pública que favorecen los actos de corrupción están los gastos reservados”. Además, en junio de 2017 envió al Congreso una propuesta para mejorar el sistema.

Indiferencia institucional frente a la corrupción

Un importante funcionario del Ministerio de Hacienda de la administración de Bachelet asegura que no hubo ninguna iniciativa que se haya evaluado para modificar la rendición de cuentas. La misma fuente no recuerda que desde la cartera de Defensa se pidiera analizar algo así. Esta versión fue ratificada por un exfuncionario de esa repartición en el periodo pasado.

Sin embargo, luego de que estallara el fraude en Carabineros en 2017, el Ejecutivo incorporó el artículo número 28 a la Ley de Presupuestos que se tramitó ese año, donde se estipuló que “la rendición deberá efectuarse con la mayor desagregación posible, con el solo límite de no afectar la naturaleza reservada de dichos gastos”. Pese a que la enmienda fue aprobada por el Congreso, el Tribunal Constitucional la impugnó. Al respecto, José Antonio Gómez, ministro de Defensa del gobierno pasado, explicó que la “propuesta no se concretó porque se señaló que una ley (como la de Presupuestos) no podía abordar una situación como los gastos reservados”.

Lo que sí logró sortear el examen constitucional fue el inciso que dejó por escrito el compromiso de que el Presidente enviaría al Congreso, en el plazo de un año, un proyecto que incorporara “modificaciones permanentes a la ley en materia de rendición de cuentas de los gastos reservados”. El 2 de enero pasado, el Ejecutivo ingresó una iniciativa legal, la que se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

 

Mauricio Weibel

 

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