Chile: Madres Por La Justicia denuncian complicidad del Estado en asesinato de joven empresario

Asesoradas por la abogado, Mónica Araya Flores, la organización de derechos humanos, Madres Por La Justicia, presidida por la Sra. Teresa Cornejo González junto con la madre del joven asesinado, Sra. Pilar Carretero Ovalle,  dejaron una denuncia en el palacio del gobierno chileno en Santiago, dando cuenta de la complicidad de agentes del Estado  en el homicidio de Juan López – Baldomá Carretero, el 2015. en donde funcionarios de Carabineros de Chile, órgano dependiente del Presidente de la República, con la complicidad de la Fiscalía, alteraron el sitio del suceso.

El texto del reclamo es el siguiente:

MADRES POR LA JUSTICIA

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DENUNCIA ENCUBRIMIENTO DE CRIMEN: ALTERACIÓN DEL SITIO DEL  SUCESO POR FUNCIONARIOS POLICIALES. – PIDE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y SANCIONES.

SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Teresa Cornejo González, presidente de la corporación “Madres Por la Justicia”, con Inscripción  Nº 279371 de 2018, con personalidad jurídica, y  con domicilio en Huérfanos 1160, of. 701, Santiago, a UD. Respetuosamente digo:

 Que, en mérito del artículo 19 Nº 14 de la Constitución, en relación con el 8 de la Ley Nº 18.575 y 29 y siguientes de la Ley Nº 19.880, vengo en formular la siguiente denuncia:

1.- Que, el día 25 de octubre 2015, en el Condominio Oasis de la Campana, interior del Fundo El Bosque, comuna Hijuelas, provincia de Quillota, fue encontrado el cuerpo sin vida del joven profesional,  Juan López – Baldomá Carretero, en lo que consideramos un crimen, dado que no hay otra explicación para su deceso.

2.-   Que,  consta en la carpeta investigativa que funcionarios de Carabineros, identificados como Luis Órbenes Espinoza y  Cristian Marcelo Bernal Fuentes, dependientes de  la unidad policial  Retén Hijuelas, 7º Comisaría de La Calera, confesaron haber alterado el sitio del suceso en abierta infracción del artículo 83, letra c), del Código Procesal Penal. Ello, con el propósito de hacer aparecer un homicidio como suicidio. En efecto, sin orden judicial alguna y antes de la llegada de los peritos de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, reconocieron haber descolgado el cuerpo del occiso imposibilitando cualquier recreación o fijación del lugar de los hechos.

3.- La excusa que dieron para tal despropósito, era impedir a los familiares el trauma de ver el cadáver. Ello resulta banal, sospechoso y absolutamente apartado de sus deberes funcionarios. Con tal conducta solo agregan más incerteza y dudas que nos alejan de la verdad de lo acontecido. Es más, y como me lo ha relatado la madre de la víctima que me acompaña en esta presentación, nunca se pidió tal ilegalidad por parte de la familia. En efecto, en materia penal, el interés público que le pertenece a toda la sociedad, exige se determine, sin lugar a dudas,  la causa de muerte de una persona. En este caso, el actuar de los funcionarios públicos configura el delito de obstrucción a la investigación en razón de haber impedido, hasta la fecha, la  fijación del contexto y del  sitio del suceso.   

4.- Para respaldar nuestra denuncia, acompañamos las declaraciones en la carpeta investigativa de los funcionarios denunciados,  de 18 de abril de 2016, y  26 de abril de 2016, ante la Brigada de Homicidios de Valparaíso. También adjuntamos el Informe Científico Técnico del Sitio del Suceso de la BH de Valparaíso, N º 1258 / 1002 de Viña del Mar, de 29 de diciembre de 2015. Es este documento público en anexo 01, “II Preparativos” se afirma que “el sitio de suceso se encontraba alterado por personal de Carabineros…” No se efectuó por parte de la PDI la denuncia penal obligatoria que establece el artículo 175 del Código Procesal Penal, respeto de esta manifiesta obstrucción a la investigación.

POR TODO LO EXPUESTO,

Solicitamos: Se tenga por deducida denuncia ante Ud., en su calidad de jefe de Estado, para que ordene las investigaciones y sumarios administrativos pertinentes, reservándonos el derecho de recurrir a organismos internacionales y embajadas residentes para dar a conocer tales delitos contrarios a la probidad y a la fe pública en Chile.

TERESA CORNEJO GONZÁLEZ  –    RUT: 7.721.302 – 3

Me acompaña en este escrito, mostrando su conformidad con la denuncia formulada, la madre de la víctima:

MARÍA DEL PILAR CARRETERO OVALLE –  RUT: 6.492.979 – 8

 

 

 

 

 

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