LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE VENEZUELA EN CONTRA DE LA EPIDEMIA

El presidente Nicolás Maduro, ha señalado que Venezuela tiene en su pueblo activo la solución de los problemas. Ello permite deducir la solidez de su soberanía que ha enfrentado exitosamente tantas agresiones frontales y encubiertas de Estados Unidos, la mayor potencia del mundo.

Hoy, el combate se centra en la pandemia del coronavirus.

En este contexto se enmarca la denominada estrategia participativa de Venezuela.

El gobierno venezolano sabe que la primera cura en contra de la pandemia es una fuerte dosis de confianza pública.

En consecuencia, ratificó el decreto de inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de este año.

Para las pequeñas y medianas empresas estableció un plan especial de pago por el lapso de 6 meses.

Por el mismo tiempo suspendió el pago de alquileres o arriendos tanto en las viviendas como en los locales comerciales.

Se agrega el bono especial alimentario a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción – CLAP.

En materia financiera y de vivienda se suspendió el pago de intereses de los créditos bancarios.

Se prohibió el corte de servicios básicos como el  agua, la  electricidad y telecomunicaciones, por 6 meses.

El presidente Maduro ha movilizado a la Cartera Única Productiva, entidad de su creación, para otorgar créditos blandos de emergencia a pequeños y medianos productores, así, como a las factorías comunales, reorientando la inversión estatal en sectores estratégicos como las farmacias, agroindustria y cadena alimentaria.

Frente al bloqueo, usura y la especulación de las grandes industrias farmacéuticas internacionales, Venezuela con su alianza con China y Cuba, está sorteando la tragedia con la fabricación propia, en talleres comunales, de insumos como mascarillas y guantes para la población más vulnerable.

En materia sanitaria, Venezuela determinó la alerta a mediados del mes de febrero, planificando las reservas de medicamentos con la petición de asesoría a la OMS.

Con el respaldo de Cuba  se organizó en Caracas un centro nacional de vigilancia sanitaria.

Se suspendieron los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos y Colombia.

Se decretó cuarentena en 7 regiones, el 17 de marzo cuando existían solo 17 casos de contagio.

Venezuela, en su estrategia preventiva,  fue el primer país de Latinoamérica en cerrar sus fronteras y decretar una cuarentena nacional.

Se adquirieron 10.000 dosis de interferón de manera anticipada.

La medicina privada dispuso, dada la alerta gubernamental, de 4.000 camas,  agregándose otras 18.000 del sector público.

Se complementó la atención con  20 tipos de interferón a disposición gratuita de la población. Lo mismo con los test de contagio, también gratuitos.

En la práctica, los equipos médicos visitan en casa a los posibles contagiados, para luego derivarlos al centro médico de referencia si estos dan positivo.

Desde el 11 de marzo es obligatorio el uso de mascarilla en sitios y recintos públicos.

Se instruyó, además, el amplio uso de internet para la atención de quienes comunican posibles  síntomas. Mediante el registro en la Página Patria se recibe el flujo de antecedentes,  sistema que ha demostrado su eficacia en materia de contingencias, desde su activación gubernamental, el 2018.

Datos de Venezuela, al 29 de marzo último: 119 casos de infectados, 2 de muertos y 39 de recuperados de las 135 que han recibido atenciones en los centros de salud.

Venezuela se encuentra en el puesto 95 de países con mayor cantidad de infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: Estados Unidos 125.666, Italia 92.472, China 81.999, España 78.799, Alemania 60.739, Irán 38.309, Francia 38.105, Reino Unido 19.522, Suiza 14.352, Holanda 10.866. 

LA COMPARACIÓN CON CHILE RESPECTO DE LA CONFIANZA PÚBLICA

Esta política de confianza pública implementada en Venezuela, marca una diferencia con países como Chile, en donde el gobierno a través de su Dirección del Trabajo, ha llamado a los empresarios a no pagar los sueldos de los trabajadores mientras dure la emergencia sanitaria.

Los monopolios empresariales a cargo de los servicios públicos chilenos, privatizados en la dictadura militar,  siguen cobrando enormes cuentas a la ciudadanía chilena, alzando sus tarifas, aprovechándose de la tragedia nacional.

Por otro lado, el presidente Piñera, elegido apelando a la amnesia social, con las falsas promesas de prosperidad y mejores oportunidades, –  como demostró el estallido social de octubre del año pasado -, es cuestionado en su credibilidad, por transferir su inmensa fortuna a paraísos fiscales,  así, como por su implicación en reiterados escándalos financieros que parten en el año 1979 cuando, protegido por la dictadura de Pinochet,  desfondo, desde la gerencia, al banco de Talca.

Lo mismo ocurre con su ministro de salud Jaime Mañalich, cuestionado éticamente por sus pares del colegio médico, del cual fue expulsado, y que, ayer,  tuvo que salir corriendo  y por el costado, dentro de una patrulla policial, en una población de Puente Alto en Santiago, frente a la repulsa de la población que se congregó para cuestionar sus tácticas comunicacionales de entregar información sesgada o derechamente falsa, así como por asegurar los bolsillos de los grandes grupos empresariales del país, que se oponían al cierre de sus centros comerciales, constructoras y faenas agrícolas, con trabajadores y usuarios sin protección alguna.

La corrupción en Chile, llega a tal gravedad que la Corte de Apelaciones de Santiago, de oficio y sin esperar la defensa del afectado,  suspendió  de sus funciones a Daniel Urrutia, uno de los pocos jueces respetados en materia de derechos humanos. ¿Por qué sancionaron al juez? La respuesta es vergonzosa: por resolver el cambio de la prisión preventiva por reclusión en sus casas, de jóvenes opositores a Piñera que participaron en la protesta social iniciada en octubre pasado.

El juez Urrutia, para tomar la humanitaria decisión,  consideró el peligro de contagio en las cárceles, como lo ha denunciado las Naciones Unidas; la presunción de inocencia de los imputados; y la circunstancia que las posibles penas por desórdenes públicos, en caso de haber condena, no conducirán a penas privativas de libertad.

En cambio, los violadores masivos de derechos humanos y terroristas de Estado de Pinochet, se encuentran cómodamente atendidos y gozando de lucrativas pensiones de jubilación por haber torturado y asesinado a su pueblo.  Se les asegura una cárcel de lujo, denominada Punta Peuco, ubicada en las cercanías de la capital chilena, con enfermería exclusiva y con una infraestructura más cercana a turísticas cabañas de campo que a una penitenciaría para criminales de alta peligrosidad. Ello marca una abismante diferencia con los hacinados e insalubres presidios en donde pernocta la población penal común.

En Venezuela, la dirección, en estos delicados momentos de plaga mundial, está en manos de la conciencia ciudadana y de Nicolás Maduro Moros; y no del ausente y corrupto Juan Guaidó. En Chile, lamentablemente, está en manos del negociante y especulador Piñera y de su ministro Mañalich.

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