Madres Por La Justicia denuncian a jueza de Valparaíso por prevaricación

Chile, septiembre 15

 

La organización Madres Por La Justicia, ingresó en el tribunal de garantía en lo penal de Valparaíso una acción judicial con el RIT  O-10682-2020, en contra de la jueza Ingrid Alvial Figueroa, por encubrir la alteración del sitio del suceso vinculada al asesinato de  Juan López-Baldomá Carretero, joven empresario, ultimado en la localidad de Hijuelas el año 2015.

Carabineros, la policía uniformada chilena,  en investigación interna reconoció que funcionarios de su dependencia habían  confesado la adulteración de las pruebas, lo que en su momento fue confirmado por integrantes de la Brigada de Homicidios de la la PDI – policía civil chilena.

El investigador criminalístico, Jaime Brieba Quintana, determinó que en tales ocultamientos estaban involucrados fiscales de la ciudad de La Calera y el Fiscal Regional de Valparaíso, por lo que interpuso la denuncia penal en abril de este año.

La jueza Alvial Figueroa se negó a tramitar tal denuncia dirigida en contra del Fiscal Regional de Valparaíso, omisión que ha sido interpretada como prevaricación y encubrimiento por la organización Madres Por La Justicia, que, por medio de su presidenta, la Sra. Teresa Cornejo González y de la abogada de derechos humanos, Mónica Araya Flores,  ha presentado una acción criminal en contra de la magistrado de Valparaíso.

La madre de la víctima, Sra. Pilar Carretero Ovalle, es integrante de la organización de madres que luchan en Chile por encontrar justicia para sus hijos asesinados, denunciando la corrupción judicial que sostiene la impunidad.

La acción penal indica:

EN LO PRINCIPAL: QUERELLA CRIMINAL EN CONTRA DE LA JUEZ DE GARANTÍA DE VALPARAÍSO INGRID ALVIAL FIGUEROA POR IGNORANCIA INEXCUSABLE Y OTROS DELITOS.

PRIMER OTROSÍ: SOLICITA DILIGENCIAS AL MINISTERIO PÚBLICO.

SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA ESCRITURA QUE ACREDITA PERSONERÍA Y SEÑALA CORREO ELECTRÓNICO PARA LAS NOTIFICACIONES QUE PROCEDAN.

S.J. DE GARANTÍA DE VALPARAÍSO

Mónica Araya Flores, abogado de derechos humanos, en representación de la Sra. Teresa Cornejo González, ambas pertenecientes a la Asociación “Madres Por la Justicia”, con domicilio, para estos efectos, en Maruri 54, Valparaíso, a S.S. Respetuosamente digo:

Que, en conformidad con el inciso primero del artículo 8 de la Constitución; e inciso segundo del artículo 111 del Código Procesal Penal[1], estamos en la necesidad de cumplir con el llamado a la comunidad efectuado por el Ministro de la Corte Suprema, Sr.  Sergio Muñoz Gajardo, en su calidad de presidente subrogante, el viernes  5 de abril de 2019,  quien, en el juramento de los nuevos abogados, indicó[2]:

“Es labor de los abogados, de ustedes, al igual que de toda la ciudadanía, observar la conducta de los jueces y denunciarla si es necesario. De esta manera podremos seguir fortaleciendo nuestra institución para lograr la tan anhelada excelencia judicial, que no es nada más y nada menos que obrar conforme a los valores y principios que nos proporciona la ética”.

Esta querella se dirige en contra de la juez de Garantía de Valparaíso, Sra. Ingrid Alvial Figueroa, con domicilio en calle Victoria 3022, Valparaíso, quien, por ignorancia inexcusable cuya entidad la asimila al dolo,  ha omitido tramitar dentro del plazo de 24 horas, como impone el artículo 176 del Código Procesal Penal, la denuncia en contra de los fiscales de La Calera, del Fiscal Regional de Valparaíso y de funcionarios de Carabineros, por obstrucción a la investigación, entre otros crímenes, relacionada con una manifiesta y confesada alteración del sitio del suceso, que se vincula al asesinato del Sr. Juan López-Baldomá Carretero (Q.E.P.D), Rut: 8.536.960-1, cometido el 25 de octubre de 2015.

En efecto,  el 2 de abril de este año, el perito criminalístico, Jaime Brieba Quintana, ingresó la respectiva denuncia en este tribunal, con el RIT O-2913-2020[3].

 En tal escrito se dice:

1.- Que, en expediente RUC 1501017154-4, de la Fiscalía de La Calera, se investigó la muerte del Sr. Juan López-Baldomá Carretero (Q.E.P.D), Rut: 8.536.960-1, asesinado por terceros, quienes, alterando el sitio del suceso, el día 25 de octubre de 2015, persiguieron simular un ahorcamiento suicida, en la parcela en donde habitaba, ubicada en el Fundo El Oasis de la Campana, en la comuna de Hijuelas, V Región.

2.- La especial gravedad de estos hechos radica en que, en la mencionada alteración, participaron carabineros bajo dependencia, para los efectos investigativos penales, de la Fiscal de La Calera, Sra. Gabriela Fuenzalida Suarez. Estos funcionarios tenían el deber legal  de resguardar el sitio del suceso, como emana de los artículos 83 letra c) y 84 del Código Procesal Penal. 

3.- Tal ilícito,- modificación del sitio del crimen-, se encuentra literalmente probado y posibilita pensar desde las opciones de autoría o coautoría hasta las hipótesis de complicidad o encubrimiento, respecto del asesinato. Ello surge del mismo expediente, específicamente del respectivo informe de la PDI sobre el sitio del suceso, suscrito por el Subcomisario, Sr. Jorge Angulo Morales, de la Brigada de Homicidios de Valparaíso.

4.- Dicha confesión estatal, también se extrae de la investigación administrativa interna de Carabineros, iniciada por reclamo de la madre de la víctima, Sra. Pilar Carretero Ovalle y de la Sra. Teresa Cornejo González de la Corporación “Madres Por La Justicia”. Lo expuesto, se consigna en el oficio Nº 34771, de 13 de Noviembre de 2019, emitido por don Cristóbal Caorsi Riveros, Jefe de la División de Carabineros, de la Subsecretaría del Interior.  

5.- En efecto, en la resolución exenta Nº 17, de 12 de septiembre de 2019, de la 7ª Comisaría de Carabineros – La Calera, queda establecida, entre otras, la participación en la corrupción del lugar del crimen, de los funcionarios policiales, Sres. Luis Órbenes Espinoza y Cristian Bernal Fuentes.

Estos últimos, a su vez, reconocieron el engaño en declaraciones voluntarias, incorporadas a la propia carpeta investigativa, efectuadas ante la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, el 18 y 26 de abril, ambos de 2016, en presencia de los Subcomisarios, Sres. Jorge Angulo Morales  y Cristóbal Fernández Muñoz.

6.- Se agrega la falsificación ideológica del parte – denuncia policial, Nº 00440, de 25 de octubre de 2015, emitido en la 7ª Comisaría de La Calera – Retén Hijuelas, en donde se ocultó la alteración indicada.  

7.- Estas irregularidades delictuales fueron conocidas y, aparentemente, instruidas, tanto por la Fiscalía Local de La Calera como por el Fiscal Regional de Valparaíso de la época, quienes, le aseveraron a la madre del afectado, después que ésta les denunciara presencialmente el abuso, que “en Calera se trabajaba así y que se conformara”:

A pesar de tamañas anomalías, y de la conciencia sobre las mismas,  la Fiscalía de La Calera, con expresa aprobación de la Fiscalía Regional de Valparaíso,  pidió el sobreseimiento definitivo de la causa, con lo se puede configurar el delito de obstrucción a la investigación, sancionado por los artículos 269 bis y 269 ter del Código Penal.

8.- Por otro lado, los celulares, como los computadores incautados por la policía, de propiedad de don Juan López – Baldomá Carretero,(Q.E.P.D), fueron manipulados borrándose información esencial de sus memorias, según lo ha denunciado la madre de la víctima, Sra. Pilar Carretero Ovalle, tipificándose, en consecuencia, los delitos informáticos de los artículos 1 y 3 de la ley Nº 19.223.

La jueza imputada, paralizó la denuncia afirmando que esta no cumplía con los requisitos exigibles a una querella. Confundió, para explicarlo de una manera elegante, las manzanas con las peras, es decir las denuncias con las querellas. No se percató de las diferencias existentes entre los artículos 172 y siguientes del Código Procesal Penal, aplicables a las denuncias; y el 111 y siguientes del mismo cuerpo normativo, referidos a las querellas.

La vergonzosa resolución suscrita por la jueza querellada,  señala:  

Valparaíso, tres de abril de dos mil veinte. Previo resolver; dese estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 111 y siguientes del Código Procesal Penal; artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 6 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120.

Corresponde advertir a la sociedad inerme que la Sra. Alvial y la Fiscalía de la Calera, pretenden soterrar estos deleznables hechos utilizando una red de corrupción al interior del Poder Judicial.

Mediante una fraudulenta audiencia de sobreseimiento, en causa RIT 550 – 2020, persiguen, para el 1 de octubre que se acerca,  dejar sin defensa a los ofendidos, respecto de la denuncia realizada por el perito Jaime Brieba.

Han elegido el mismo juzgado de Garantía de Calera, en donde,  recordemos, hicieron vista gorda con la alteración del sitio del suceso del asesinato de don Juan López-Baldomá Carretero. Siguiendo procedimientos clandestinos e inmorales, crearon este juicio sin informar a los afectados.

Es mucha basura la que debemos limpiar.

Esto, lamentablemente, nos evoca el cuestionable proceso dirigido por la misma jueza Alvial, en donde se encubrieron las violaciones de menores pobres cometidas en Valparaíso por soldados extranjeros de la Operación Unitas, cuyos fiscales, involucrados en tal ocultamiento, salieron incólumes. A la jueza Alvial le deben sonar los apellidos Avendaño, Melo, Gómez y Uribe.  

La Sra. Pilar Carretero Ovalle, madre de don Juan López-Baldomá Carretero,- la víctima asesinada en Hijuelas -, es integrante de nuestra agrupación de “Madres Por la Justicia”.

Somos parte de un movimiento nacional que se ha manifestado en las calles desde octubre pasado, para denunciar la corrupción, el abuso y la impunidad de agentes del Estado, incluidos fiscales y jueces.

Las tropelías que censuramos nos llevan, irremediablemente, a pedir en el proceso constituyente que se aproxima, la instauración del sistema de jurados como remedio democrático y republicano a la arbitrariedad judicial, así, como la elección popular y transparente de los magistrados.

Los delitos que le imputamos a la jueza Alvial, parten en la omisión de denuncia a la que está obligada, como funcionaria pública, al tenor del artículo 175 del Código Procesal Penal. Agregamos los ilícitos de fallar con prevaricación o con ignorancia inexcusable contenidos en los artículos 223 Nº 1 y 224 Nº 1 del Código Penal; sin perjuicio de la obstrucción a la investigación, figura tipificada en los artículos  269 bis y 269 ter del citado código, al dejar impunes con tan mañosas maniobras, la responsabilidad de fiscales y carabineros que han demostrado un manifiesto compromiso con el crimen y no con la Justicia.

Esta es una juez que no respeta ni promueve los derechos humanos como manda el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución; y,  en consecuencia, no solo procede su condena en materia penal, sino su remoción del Poder Judicial por constituir un permanente peligro para la sociedad. 

Esta vez las prevaricaciones de la Sra. Alvial no pasarán desapercibidas. La decencia nos reclama, en consecuencia,  el deber de solicitar a la opinión pública y a las autoridades pertinentes la remoción de la venalidad que representa la imputada. Son muchas las familias pobres que con sus impuestos financian el sueldo de esta jueza. Ellas también merecen respeto.

POR TANTO,

PIDO A S.S. Tener por presentada querella criminal en contra de la juez, Sra. Ingrid Alvial Figueroa, antes individualizada, para que sea investigada, formalizada, acusada y, en definitiva, condenada, por los delitos antes descritos, con costas.   

PRIMER OTROSÍ: Pido al Ministerio Público, en mérito de los artículos 113 letra e) y  183  del Código Procesal Penal, las siguientes diligencias:

1.- Se cite a declarar a:

1.1.- Jaime Brieba Quintana, perito criminalístico, con domicilio en calle Chaparro 124, Cerro Cordillera, Valparaíso.

1.2.- Pilar Carretero Ovalle, con domicilio en parcela ubicada en el Fundo El Oasis de la Campana, en la comuna de Hijuelas, V Región.

1.3.- Gabriela Fuenzalida Suarez, fiscal de La Calera, con domicilio en las dependencias del Ministerio Público de dicha  comuna.

1.4.- Francisco Cabezas Vergara, juez de Garantía de La Calera, con domicilio en las dependencias del respectivo tribunal en esa comuna.

1.5.- Jorge Angulo Morales  y Cristóbal Fernández Muñoz, funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, con domicilio en tales dependencias.

2.- Se traiga a la vista la causa RIT O-2913-2020, tramitada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso.  

3.- Se traigan a la vista las causas tramitadas en el Juzgado de Garantía de La Calera sobre la muerte de don Juan López-Baldomá Carretero, como las que se refieren a la obstrucción a la investigación respecto de las mismas, con sus correspondientes carpetas investigativas.

SEGUNDO OTROSÍ: Pido tener presente que, en mi calidad de abogado, patrocino esta querella, acompañando la escritura que acredita mi personería, dejando como correo electrónico, para los efectos de las notificaciones que se realicen: losamoalostres@yahoo.es , en homenaje a mis dos padres desaparecidos por la dictadura militar en 1976 y a mi hijo asesinado, el año 1987, por la misma pandilla.

[1] También se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles cometidos en la misma que constituyeren delitos terroristas, o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública.

[2] https://www.pauta.cl/nacional/supremo-sergio-munoz-pueblo-gente-mas-importante-que-autoridad

[3]  El comprobante de ingreso de la denuncia dice: “Obstruc.justicia P/fiscal O Asist.fiscal,ministerio Publico Falsificación O Uso Maliciosos De Documentos Públicos.”

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