Sicariato judicial en Chile: Acusan de fraude y falsificación a los bancos BBVA y SCOTIABANK

Se ingresó una acción penal en contra de los Bancos Scotiabank y BBVA, por sicariato judicial.  En ella, la abogado de derechos humanos, Mónica Araya Flores, describe los mecanismos de corrupción que existen al interior del Poder Judicial chileno que benefician a organizaciones criminales como el Banco Santander y otras de su misma calaña.

La actividad criminal de los bancos en Chile ha sido profusamente denunciada a partir de la utilización predatoria que estas instituciones hacen del mercado financiero para  beneficiarse de los fondos de pensiones de los trabajadores cuyas cotizaciones obligatorias se empozan en la Administradores privadas conocidas como AFP.  Se les transfieren a los bancos los fondos de los trabajadores a intereses regalados o ínfimos, y esos mismos recursos son prestados por las entidades financieras a los mismos trabajadores a intereses usurarios.

Se  reclama, además, que las superintendencias fiscalizadoras como la Comisión Para El Mercado Financiero – CMF, son encubridores del despojo.

En la acción judicial se denuncia la falsificación de juicios completos con las complicidad de jueces y funcionarios judiciales tendientes a favorecer a los bancos y usurpar a las personas sus casas mediante subastas privadas, entre amigos, en donde una mafia de postores, cercanos a los bancos o a los magistrados, se adueñan de los hogares ejecutados por los tribunales chilenos.

Se describe la falsedad o simulación de las notificaciones para evitar que los deudores se puedan defender.

Se agrega, adicionalmente,  en la presentación de Mónica Araya, la denuncia por un fraude que afectó a un gendarme, que fue envestido por un vehículo del Banco BBVA, hoy Scotiabank, en donde el banco falsificó patentes y contratos de leasing con el objeto de eludir su responsabilidad  ante  los tribunales chilenos. La denuncia se realizó ante el juez de la causa pero este magistrado no remitió los antecedentes al Ministerio Publico encubriendo la falsedad documental.

La reclamación penal se interpuso en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago con el RIT : O-18332-2020,  y en ella  se requiere la citación y declaración  ante el Ministerio Público, por los hechos criminales denunciados, del Presidente del Scotiabank, Salvador Said Somavía y del Presidente de la Comisión Para El Mercado Financiero, Joaquín Cortez Huerta.

El tenor de la querella es el siguiente:

EN LO PRINCIPAL: QUERELLA POR FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS,  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS EN JUICIO Y OTROS.

PRIMER OTROSÍ: SOLICITA DILIGENCIAS AL MINISTERIO PÚBLICO.

SEGUNDO OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE PATROCINIO Y PODER SEÑALANDO FORMA ESPECIAL DE NOTIFICACIÓN.

S.J. DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7º)

 Mónica Araya Flores, abogado de derechos humanos e integrante de la Asociación de Víctimas de los Bancos, con domicilio en Huérfanos 1160, Santiago, a S.S. Respetuosamente digo:

INTRODUCCIÓN

EXPLICACIÓN GENERAL DE LOS MECANISMOS DEL FRAUDE BANCARIO Y SICARIATO JUDICIAL EN CHILE

1.- Que, en mérito del artículo 111, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que otorga acción pública respecto de delitos en que está comprometida la probidad pública de los funcionarios del Estado, vengo en querellarme en contra de la red de corrupción que denomino sicariato judicial en donde los bancos rematan ilegalmente viviendas, despojando a innumerables víctimas de sus hogares en beneficio de una mafia de postores que pululan en los tribunales de justicia para beneficiarse del despojo fraudulento que asola a este país.

2.- La red de corrupción funciona mediante la contratación que hacen los bancos de receptores judiciales que falsifican las notificaciones de las demandas en juicios ejecutivos, dejando al deudor hipotecario sin opción de defensa dado que se le priva del conocimiento o acceso oportuno a la acción que se interpone en su contra. Lo anterior, se ve agravado con el exiguo plazo de 4 días que otorga la ley al ejecutado para la interposición de excepciones según explicita el artículo 459 del Código de Procedimiento Civil.

3.- Se agrega a lo expuesto, que los remates de las casas en el respectivo tribunal civil, son privados. Se vulnera, por tanto,  el carácter de público que prescribe el artículo 485 del Código de Procedimiento Civil, en relación al 9 del Código Orgánico de Tribunales.  Solo se permite el ingreso de los postores que han consignado el 10% de la tasación fiscal, prohibiéndose la entrada del deudor, de su abogado y del público en general.   Esta práctica promueve la existencia de redes y mafias que se distribuyen y acuerdan las adjudicaciones de las viviendas y transforman el remate judicial en una burda parodia destinada a un ostensible despojo.  Estas licitaciones amañadas atentan palmariamente contra el interés del deudor, afectando, de paso, la fe pública al vulnerar principios como la libre competencia que protege el artículo 62 del D.L. 211[1].

4.- Como no hay remate público, las actas del mismo son falsas y, en consecuencia, la compraventa firmada por un juez civil, como representante forzado del deudor, también lo es. Se infringen, entonces,  los artículos 495 y 497 del Código de Procedimiento Civil.  Se materializa, así, la consumación de un delito consistente en la falsificación ideológica de una escritura pública de compraventa de un bien raíz,  cuyo origen no es otro que una ilícita ejecución judicial en beneficio de un banco.      

5.- Esta práctica tan deleznable se ha normalizado tanto en nuestro país que pareciera ser una costumbre habitual en los tribunales civiles.

6.- Forman parte del crimen los actos o acuerdos extrajudiciales en que se imponen, a los propietarios de las casas rematadas y bajo chantaje de lanzamiento,  el abandono de sus inmuebles por parte de quienes se los adjudicaron en juicios fraudulentos.  

7.- En Chile, se han conformado verdaderas organizaciones de gangsters como el Banco Santander o el BBVA, actualmente Scotiabank, que actúan con la patente de corso que le otorga el Estado de Chile a través de la ex Superintendencia de Bancos – actual Comisión Para El Mercado Financiero – CMF.

8.- Los ciudadanos decentes no podemos seguir siendo cómplices de tales expoliaciones dejando el camino libre a estas pandillas de delincuentes corporativos que tanto daño le causan a la población. No otorgaremos un silencio cómplice. No permitiremos que tribunales financiados con el dineros de todos los chilenos, sean utilizados como sicarios para saquear a la población más vulnerable.

CASO I.-

FRAUDES JUDICIALES  CONSISTENTES EN  FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y SU PRESENTACIÓN EN TRIBUNALES 

9.- El banco Scotiabank, RUT 97.018.000-1, presidido por Salvador Said Somavía, continuador del banco BBVA, ordenó al receptor contratado por ellos, la falsificación de la notificación de la demanda ejecutiva en contra del Sr. Luis Villarreal López, en causa rol: 36.902-17, tramitada ante el 29º Juzgado Civil de Santiago, con la carátula: BCO. BBVA / VILLARREAL.

10.- Se falsificó, además, el requerimiento de pago con el objeto de proceder a inscribir embargos en perjuicio de un inmueble de la víctima.

11.- El sistema de fraude procesal utilizado consistió en engañar al deudor falseando búsquedas no realizadas en su domicilio, como consta en los atestados incorporados en la causa anterior,  de 6 de junio de 2018 y 22 de junio de ese año. Tales certificaciones están suscritas por el receptor judicial suplente, Rodrigo Arturo Fernández Valenzuela, con domicilio en Agustinas N° 1442, Torre B, Oficina 202, comuna de Santiago.

13.- Tales documentos falsos indican, al efecto, que la víctima se encontraba, en las fechas anteriores, en Pasaje Pueblo Nuevo N° 368, Valle Lo Campino, comuna de Quilicura, en circunstancia que, a esa época, el deudor residía en Pasaje Las Malvas 16.488, comuna de San Bernardo.

14.- Con dichas falsedades el tribunal dio por notificado al ejecutado de la demanda y requerido de la deuda, y se le privó, en consecuencia, de toda defensa posible hasta la publicación y realización del remate.

15.- A todo lo expuesto se le agrega la falsificación del acta de remate público fechada el 11 de diciembre de 2019, ya que de público no tuvo nada. Solo pudieron ingresar a la sala del tribunal los postores con vales vistas acompañados a la causa; y el abogado del banco, prohibiéndose el ingreso del deudor y del público en general. El adjudicatario, en tal remate privado, y por tanto irregular,  fue Carlos Torres Merino, ignoro profesión, con domicilio en Rogelio Ugarte Nº 1194, comuna de Santiago.

El acta falsa aparece suscrita, además,  por María Gjurovic Manríquez, jueza suplente; y por José Sotelo Lucero, secretario subrogante, ambos con domicilio en Huérfanos 1409, Piso 13°, Santiago.

Con lo expuesto se avala el proceder delincuencial de las mafias que lucran con estos fraudes procesales.

16.- Estas malas prácticas infringen el texto expreso del artículo 485 del Código de Procedimiento Civil, relacionado con los artículos 8 y 19 Nº 3 inciso sexto de la Constitución.

17.- Como resultado de lo descrito, la escritura pública de venta forzada firmada por el tribunal, también es falsa dado que no existió remate público, por lo que le cabe responsabilidad tanto al juez suscribiente como al adjudicatario.

LA AMENAZA Y LA EXTORSIÓN

18.- Se agrega el delito de amenaza, ya que pudiendo solventar el deudor las cuotas morosas, previo al inicio de procedimiento judicial, se le exigió el pago del total de la deuda insoluta y con la misma extorsión de acelerarle el crédito, se le prohibió vender su inmueble para lograr la liquidez necesaria para la cancelación del crédito.

19.- Esta última hipótesis que, dada la impunidad que gozan los bancos, se encuentra impúdicamente configurada en el propio contrato de mutuo hipotecario, en la cláusula 12 en relación con la 15, letra b).  El respectivo contrato de adhesión fue redactado e impuesto por el propio banco, lo que resultando contrario a derecho, de conformidad con el texto del artículo 2415 del Código Civil. 

20.- La amenaza de aceleración de la deuda, haciendo imposible al deudor el pago del crédito o la transferencia de su inmueble a un tercero, fue precisa y de naturaleza verbal. Se reiteró, por ejecutivos bancarios,  y se ejecutó  entre julio y agosto de 2017. Lo paradójico, reiteramos,  es que dicha extorsión se encuentra enunciada, para no creerlo y con carácter general, en una escritura pública. Resumiendo este punto, a la víctima se le prohibió, bajo amenaza de acelerarle el crédito, vender, hipotecar o entregar en usufructo su casa, para poder pagar su deuda. Digno de Chile.    

OCULTAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES

21.- Por otro lado se le oculta al deudor, hasta la fecha,  el acto administrativo de autoridad, – Superintendencia de Bancos y ahora Comisión Para El Mercado Financiero -,  consistente en la autorización de la tabla de desarrollo de la deuda, que debe ser protocolizada y se entiende parte del título ejecutivo, sin la cual la deuda no es líquida y no puede ejecutarse. Así deriva del artículo 111 de la Ley General de Bancos, aplicable, al efecto, por remisión del artículo 2 de la Ley 19.439. (Se hace remisión al artículos 106 de la Ley de Bancos, actualmente 111 de la misma).  Este documento público también fue escondido en el juicio civil, omisión que resalta la cláusula 5 del  correspondiente contrato de mutuo hipotecario.    

22.- La escritura respectiva tiene fecha 26 de abril de 2006, y sus firmas fueron autorizadas en la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835, segundo piso.  El notario, también es responsable del delito de amenaza enunciado en la escritura que autorizó. 

23.- En consecuencia, el banco Scotiabank se encuentra involucrado junto a funcionarios públicos en la falsificación de documentos públicos y en la presentación de los mismos en tribunales, tipificándose, con ello,  los delitos asentados en los artículos 193 Nº 4 y 207 del Código Penal. Además, está la amenaza criminal de aceleración de un crédito si el deudor ejerce el derecho a transferir un bien de su dominio, facultad que le entrega la Constitución en el artículo 19 Nº 24, vinculado a los preceptos 582 y 2415, ambos del Código Civil.

24.- En cuanto al delito de amenazas, esta figura se encuentra en los artículos 296 y siguientes, del Código Penal.

25.- Sobre el ocultamiento de un documento oficial en perjuicio de un particular, como la autorización de la tabla de desarrollo de la deuda o del mutuo, tal crimen se encuentra configurado en el artículo 193 Nº 8 del Código Penal.

CASO II.-

26.- Este caso, se refiere a la presentación de documentos falsos por el banco anterior, ( BBVA – actual Scotiabank),  en juicio civil: C-34860-2017, en el 25º Juzgado Civil de Santiago,  en donde se le atribuye, en su condición de propietario de un vehículo,  responsabilidad por daño moral derivado de un accidente de tránsito, condenado por sentencia ante el Juzgado de Garantía de Talagante,- RUC 1600279012-6, RIT 1980-2016 -, que afectó gravemente a un gendarme, demandante civil en el primer juicio previamente indicado.

27.- Para eludir su responsabilidad el banco cuestionado, presentó contratos falsos de leasing en donde justifica ser dueño de camionetas Peugeot, cuando el vehículo participe en los hechos es de marca Mercedes Benz, que, extrañamente,  comparte la misma patente que las citadas camionetas Peugeot.

28.- Se  interpuso denuncia ante el señalado tribunal civil, de conformidad con el artículo 175 del Código Procesal Penal, el 6 de marzo de 2020; y en la misma causa,  como se aprecia en el Portal del Poder Judicial. Se  solicitó la remisión de los antecedentes al Ministerio Público dentro del plazo de 24 horas, como impone el artículo 176 del código mencionado. El delito imputado es la presentación de documentos falsos en juicio, tipificado en el artículo 207 del Código Penal. Se agrega la omisión de denuncia dentro del plazo de 24 horas, a la luz de los artículos 175, 176 y 177 del Código Procesal Penal.

POR TANTO,   

PIDO A S.S. Tener por presentada querella por los delitos de funcionarios públicos antes descritos y que atentan en contra de la probidad pública y afectan garantías constitucionales; legitimando mi acción en el artículo 111 inciso segundo del Código Procesal Penal; solicitando se investiguen los hechos narrados, se formalice, se acuse y, en definitiva,  se condene a los autores, cómplices y encubridores, de las trasgresiones penales que se acrediten, con costas.    

PRIMER OTROSÍ: Pido al Ministerio Público, de conformidad con los artículos 183 y 113, letra e), ambos del Código Procesal Penal, la realización de las siguientes diligencias:

1.- Se cite a declarar, al tenor de la querella, a:

1.1. Salvador Said Somavía, presidente del banco Scotiabanck, con domicilio en Avenida Costanera Sur 2710, Santiago.

1.2. Joaquín Cortez Huerta, presidente de la CMF, con domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Santiago.

1.3. Luis Villarreal López, empleado, con domicilio en Pasaje Las Malvas 16.488, comuna de San Bernardo.

1.4. Rodrigo Arturo Fernández Valenzuela, receptor judicial suplente, con domicilio en Agustinas N° 1442, Torre B, Oficina 202, comuna de Santiago.

1.5.- María Gjurovic Manríquez, jueza suplente, con domicilio en Huérfanos 1409, Piso 13°, Santiago.

1.6.- José Sotelo Lucero, secretario subrogante, con domicilio en Huérfanos 1409, Piso 13°, Santiago.

1.7.- Carlos Torres Merino, ignoro profesión, con domicilio en Rogelio Ugarte Nº 1194, comuna de Santiago.

1.8.- Jaime Brieba Quintana, perito criminalista, con domicilio en Chaparro 124, Cerro Cordillera, Valparaíso.

1.9.- Humberto Quezada Moreno, notario de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835, segundo piso, Santiago.

2.- Se oficie a:

2.1.- Al 29º Juzgado Civil de Santiago, para que remita informe y copia de escritura de venta forzada que se deriva del juicio rol: 36.902-17.

2.2.- Al banco Scotiabanck, con domicilio en Avenida Costanera Sur 2710, Santiago, para que remita informe sobre la ejecución tramitada ante el 29º juzgado Civil de Santiago, rol: 36.902-17.

2.3.- A la Comisión Para El Mercado Financiero – CMF, para que informe al tenor de esta querella.

2.4.- A la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835, segundo piso, Santiago, para que informe al tenor de esta acción penal.

SEGUNDO OTROSÍ: Pido se tenga presente que me patrocinaré y representaré en esta acción penal, en mi calidad de abogado habilitado. Incorporo, además, como destino de las notificaciones que se realicen en esta causa, el correo electrónico: losamoalostres@yahoo.es

[1] LEY NÚM. 20.945 Nº 22

Un comentario en “Sicariato judicial en Chile: Acusan de fraude y falsificación a los bancos BBVA y SCOTIABANK

  1. Es fantástico que haya en Chile abogados capaces de denunciar estos actos de Sicariato por parte de los bancos que contribuyen a enlodar el medio ambiente económico y político de este Chile pleno de corrupcion

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