Agentes encubiertos queman iglesias en Santiago

Chile, octubre 18

La Iglesia San Francisco de Borja como La Asunción de Santiago, fueron incendiadas por turbas encabezadas por agentes encubiertos de la policía chilena o Fuerzas Armadas, y cuyas fuerzas especiales instalaron una zona liberada, especialmente a partir de las 18:00 horas,  para permitir el saqueo y la destrucción. Obviamente, se trata de conmover la legitima sensibilidad religiosa del pueblo chileno y contraponerla con las justas reformas que pide la ciudadanía movilizada.

Esta operación mediática fue planificada bajo el supuesto de la convergencia de gran cantidad de personas que se desplazaban pacíficamente para conmemorar en la plaza de la Dignidad el inicio de las protestas sociales en Chile, en octubre de 2019.

Una vez consumados los saqueos, que fueron transmitidos en directo por la televisión chilena, aparecieron tímidamente los carros de carabineros,  después de las 20:40 horas. Decimos tímidamente porque en el caso de las farmacias asaltadas no aparecieron nunca.

Debemos recordar que el Ministro del Interior, Víctor Pérez,  tempranamente, difundió su presencia en el centro de control de Carabineros en  la capital, en donde aseguraba que las autoridades estaban monitoreando estrechamente la manifestación.

Las fuerzas de Carabineros desaparecieron de los lugares de la manifestación y de sus alrededores, a las 11.00 horas.

En las cercanías de Diagonal Paraguay con calle Portugal,  asaltaron supermercados y el espacio conocido como Crowne Plaza.  Así, se repitió en la intersección de San Isidro con La Alameda, con el desvalijamiento de farmacias.

Los agentes encubiertos debían atacar la legación argentina  y la sede del partido comunista, ubicado en las cercanías,  la que fue confundida por los funcionarios de inteligencia (sic) con el vecino centro cultural Violeta Parra, recinto que sufrió las consecuencias. Previamente, hubo, al mediodía, un acto de provocación en las cercanías en contra del dirigente de esa colectividad y alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue.

La operación debía preceder a la aparición televisiva de Sebastián Piñera, con el objeto que este, con su conocido discurso,  intente desacreditar la protesta social que anticipa el referéndum constitucional para el próximo 25 de octubre y que se adelanta será aprobado por la población.

Sin embargo, las fuerzas de la derecha  que desean mantener la Constitución de Pinochet buscan con desesperación estrechar su derrota electoral, con operaciones de bandera negra para intimidar a la población.

Carabineros, estos días, ha sido sorprendido por la opinión pública chilena con el descubrimiento de funcionarios con identidades falsas realizando acciones de provocación o incitación al ataque de dependencias policiales, como es el caso del cabo Óscar Cifuentes Salgado.

Operaciones, como la de hoy,  persiguen lavar y victimizar la cuestionada imagen del General Director Mario Rozas a  cuyo mando, organizaciones nacionales e internacionales, hacen responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos desde octubre de 2019.

Las actividades encubiertas de la derecha son de larga tradición en Chile. De ello, dan cuenta las historias siniestras del Guatón Romo, infiltrado y torturador al servicio de Pinochet, así, como las operaciones de los organismos de seguridad  de la dictadura militar – DINA y luego CNI, y que fueron advertidas por el general Germán Campos, de Carabineros, quien afirmaba en aquellos años, 1977, que los ataques a la policía y a sus cuarteles, provenían en gran porcentaje de tales agentes provocadores, con el objeto de producir un contexto de amedrentamiento y temor que permitiera justificar la represión en contra de la oposición.

Estos hechos son diferentes a los ocurridos en la comuna de Ñuñoa, en donde la tranquilidad fue la tónica.

Las fuentes de esta información son oficiales destinados a la inteligencia de Carabineros que no desean que su  institución siga participando en actividades gubernamentales  que la desprestigian frente a la ciudadanía.

Tales oficiales, según han manifestado reservadamente,  están dispuestos a  entregar mayores antecedentes cuando se apruebe la ley de protección al denunciante al interior de las Fuerzas Armadas, para no correr el destino del capitán del Ejército Rafael Harvey, quien, por denunciar la corrupción en tales reparticiones, fue acusado de sedición, arriesgando 10 años de cárcel, siendo  licenciado de su cargo por el gobierno de Piñera a través de sus ministros Espina y Desbordes.

Al cerrar esta edición podemos informar que, en el sitio del suceso, está determinada la participación de un funcionario de la Armada  encubierto, con una resortera, máscara  y lentes de protección.

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