Chile: La Armada reconoce que discrimina arbitrariamente a su personal de tropa

Chile, 17 de noviembre

La CUT Militar que ampara la dignidad laboral de los funcionarios uniformados, interpuso protección constitucional ante la Corte de Santiago denunciando los abusos del Ministerio de Defensa y de la Armada, entidades que se han apropiado de sobresueldos de más de 600 marinos o Gente de Mar que cursaron la especialidad de guerra urbana entre el 2018 y 2019.

En informe emitido por el Alto Mando, se reconoce que la Marina de Chile discrimina entre oficiales y personal de tropa de una manera que los delegados de la CUT Militar consideran arbitraria e injustificada.

La CUT Militar entregó sus objeciones a la Corte de Santiago dando cuenta, además, que la Comandancia en Jefe  presentó documentos falsos en el juicio.

El escrito señala:

DA CUENTA DE CONFESIÓN QUE HACE LA ARMADA DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA ENTRE SU PERSONAL Y DENUNCIA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS EN JUICIO.

ILUSTRE CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO

Rubén Jerez Atenas, por la recurrente, en autos de Protección rol: 72.201- 2020, caratulado CUT Militar en contra del Ministerio de Defensa y de la Armada de Chile, a S.S.I.  Respetuosamente digo:

1.- Que, como se señaló en estrados, la presencia de la CUT Militar en esta causa, proviene del Convenio Nº 87 de la OIT, de 9 de julio de 1948; y del artículo 23 Nº 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, de 10 de diciembre de 1948, que consagran el derecho a la libertad sindical sin exclusiones. 

Tales instrumentos internacionales se encuentran suscritos por Chile y están amparados por el artículo 5, inciso primero, de la Constitución y tienen preeminencia frente a cualquier disposición de carácter interno[1], de conformidad con el deber de control de convencionalidad[2]. Se refuerza lo señalado por el principio de buena fe que imponen los artículos 26 y 27 del Tratado de Viena de 1969[3] sobre Derecho de los Tratados Internacionales.  

2.- Que, del informe remitido por la Armada a esta Ilustre Corte, D.G.P.A. ORDINARIO Nº 6853/0701/27925 P.I.C.A.S. , emitido el 10 de noviembre de 2020, consta que 69 oficiales realizaron el curso de guerra especial en una semana, durante el mes de marzo de 2019 ( 3 grupos: el primero, desde el 4 de marzo al 10 de marzo de 2019; el segundo, desde el 11 de marzo al 17 de marzo de 2019; y el tercero, desde el 18 de marzo al 24 de marzo de 2019).

A estos oficiales se les canceló el 35% de sobresueldo, con pago efectivo el 19 de junio de 2019. Es decir, después de 3 meses.

3.- PRIMERA DIFERENCIA ENTRE OFICIALES Y LA GENTE DE MAR: DURACIÓN DEL CURSO  DE GUERRA ESPECIAL

El curso ejecutado por la Gente de Mar es de 1 mes. El de los oficiales, de una semana.

La Gente de Mar fue dividida en 6 grupos para cada curso de duración mensual: el primer grupo, en noviembre de 2018; el segundo grupo, en diciembre de 2018; el tercero, en enero de 2019; el cuarto, en febrero de 2019; el quinto, en marzo de 2019; y el sexto, en mayo de 2019.

4.- SEGUNDA DIFERENCIA: EL PLAZO DE PAGO

Como ya lo indicamos, los oficiales terminaron el curso de una semana, el mes de marzo; y se les pagó el sobresueldo, el 19 de junio.

A la Gente de Mar, en cambio, que realizó el curso en noviembre de 2018,  se les retribuyó 8 meses después, es decir en agosto de 2019.  

5.-TERCERA DIFERENCIA: REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN PARA INCORPORARSE AL CURSO Y OBTENER EL SOBRESUELDO

A  los oficiales  se les permite acceder al sobresueldo del 35%  contando con la mínima permanencia de guardiamarina. Ver resolución C.J.A. ( D.R.H.A.) ORD. Nº 1260/ 0101/12912 Vrs. Dictada en Viña del Mar, con fecha 20 de mayo de 2019.

En cambio, a la Gente de Mar, en algunos casos,  tal oportunidad se le otorga solo a partir de los 20 años de continuidad en la institución.

6.- En consecuencia, la discriminación arbitraria que denunciamos, provoca una evidente desigualdad ante la ley como respecto del Estado, considerando la calidad de empleador que tiene este último.

7.- Debemos manifestar que los uniformados son trabajadores del Estado que cumplen funciones en las respectivas ramas castrenses y, por tanto,  no son esclavos. No pueden ser excluidos de una justa remuneración con un trato decoroso e igualitario que exige su condición de ciudadanos.

Los estatutos especiales que rigen su función militar no pueden avasallar su dignidad. Corresponde recordar que, según el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, la soberanía limita con los derechos esenciales de la naturaleza humana. Se agrega a lo anterior, el artículo 19 Nº 2 de la misma, que  asegura que en Chile no hay grupos privilegiados y están prohibidas las diferencias arbitrarias.

8.- El año 1931, la marinería se sublevó por la rebaja de sus sueldos en un 30% a 40% que afectaba principalmente a la Gente de Mar, mientras la clase política y el mando militar de hundían en la corrupción. Los tribunales callaban, considerando que el artículo 87 de la Constitución de 1925 entregaba la competencia para resolver las contiendas entre las personas y el Estado a tribunales administrativos que crearía la ley. Dicha ley nunca se dictó.

9.- Ahora, a diferencia del pasado, hemos recurrido a la directa protección constitucional, que previene el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica en relación con el artículo 20 de la actual Carta Fundamental, porque creemos que con justicia se atesora la paz social.

10.- Más allá del resultado de esta acción constitucional, estamos obligados a representar estas irregularidades a la opinión pública, en salvaguarda de la dignidad laboral del personal uniformado, de la probidad estatal y de los recursos públicos que pertenecen al país.

11.- Por último, y en relación a los sobresueldos reclamados, debemos denunciar la presentación de documentos falsos en juicio al omitirse por la Armada la entrega de las copias autorizadas de las papeletas de pago de los oficiales, para compararlas con las expedidas a la Gente de Mar; así, como la ausencia de fecha en la certificación firmada por el Sr. Claudio Pimental Prato, Capitán de Navío AB.

12.- Con lo expuesto, he cumplido con el espíritu y la letra de las expresas instrucciones  emitidas, al efecto, por la CUT Militar, en las personas de los Srs.  Jorge Murúa Saavedra, Nazario Zúñiga Cabezas, Fernando Rivas Cofré, Mauricio Mclean Zúñiga y Néstor Tobar Pérez.

POR TANTO,

PIDO A S.S.I. Tenerlo presente.

[1] Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos,

incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 269.

[2] 107. En relación con lo anterior, la Corte recuerda que el control de convencionalidad ha sido concebido como una institución que se utiliza para aplicar el Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal. El control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. Los jueces y órganos

judiciales deben prevenir potenciales violaciones a derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, o bien solucionarlas a nivel interno cuando ya hayan ocurrido, teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana. Solo en caso contrario pueden ser considerados por ésta, en cuyo supuesto ejercerá un control complementario de convencionalidad. En ese sentido, un adecuado control de convencionalidad a nivel interno fortalece la complementariedad del Sistema Interamericano y la eficacia de la Convención Americana al garantizar que las autoridades nacionales actúen como garantes de los derechos humanos de fuente internacional.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CASO PETRO URREGO VS. COLOMBIA. SENTENCIA DE 8 DE JULIO DE 2020.(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

[3] PARTE III.    OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS. SECCIÓN 1: Observancia de los tratados.

   

ARTICULO 26

Pacta sunt servanda

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

  ARTICULO 27

    El derecho interno y la observancia de los tratados Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

 

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .