La CUT Militar denuncia falsificaciones y amenazas en contra de funcionarios de la Armada

Chile, diciembre 16

El abogado de la CUT Militar, Rubén Jerez Atenas, interpuso un recurso ante la Corte Suprema, denunciando a los altos mandos de la Armada de acompañar documentos falsos en juicio y de amenazar a los más de 600 funcionarios perjudicados con la malversación de sus sobresueldos adeudados, en algunos casos, desde diciembre de 2018.

El escrito reclama, además, la arbitraria discriminación que sufre la Gente de Mar o personal de tropa frente a la oficialidad en los requisitos, periodos y pagos de los cursos de adiestramiento que originan sobresueldos y que deben ser cancelados puntualmente, considerando que se trata de los soldados que tienen las menores remuneraciones en la Marina de Chile.

El documento judicial  fue remitido a los tribunales el 1 de diciembre último e indica lo siguiente:

APELA DE SENTENCIA DEFINITIVA Y DA CUENTA DE AMENAZAS EN LA ARMADA RESPECTO DE SUS FUNCIONARIOS COMO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS EN ESTE JUICIO.

 CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO

Rubén Jerez Atenas, recurrente, en Protección Rol: 72.201-2020, a S.S.I. Respetuosamente digo:

  1. Que, la sentencia que desestimó la solicitud de protección que interpusimos en beneficio de más de 600 funcionarios de la Armada, en sus argumentos, reconoce que tenemos razón en alegar una discriminación arbitraria.
  1. En efecto, se indica en el considerando décimo: “… se decidió respecto de funcionarios con la categoría de Oficiales, de la misma forma, esto es, se dividió la promoción en tres grupos, en distintas fechas, una a continuación de la otra y, una vez finalizado el Curso de Guerra Especial impartido a los Oficiales, se hizo efectivo para toda la promoción en mayo de 2019 y para el Personal de Gente de Mar en junio de 2019, independiente del lapso en que cada grupo efectuó el curso, dictándose las resoluciones que otorgaron el derecho a percibir sobresueldo a partir de las fechas en mención.”
  1. En el fallo impugnado se admite, además, que los funcionarios de tropa denominados Gente de Mar, realizaron el primer curso el mes de noviembre de 2018. Hasta la fecha, no les han pagado el sobresueldo correspondiente, y que empezaba a regir desde diciembre de ese año, independientemente que su promoción fuera distribuida en distintos grupos. Las decisiones de dividir o no al contingente, asumida por el Estado empleador, no pueden afectar los legítimos derechos de los trabajadores.
  1. En efecto, en la Armada no hay negociaciones ni convenios colectivos que permitan al Estado disgregar a su personal y pagarle al antojo del empleador.
  1. Los sobresueldos que se reclaman se encuentran regulados por ley, y, por ello, son de carácter irrenunciables. En consecuencia, están condicionados solo a la realización del curso respectivo por cada funcionario. Para quienes lo ejecutaron en noviembre de 2018, tales sobresueldos debían ser reconocidos y cancelados a partir de diciembre de dicho año, como lo indicamos previamente. En caso contrario, se consuma una flagrante confiscación de sus remuneraciones y una eventual malversación de caudales públicos, si tales prestaciones estaban consideradas en el presupuesto nacional.
  1. Las alegaciones del Estado recurrido, utilizadas para esquilmar a los funcionarios de los sobresueldos exigidos, resultan del todo aberrantes. Dejan en la total incertidumbre el cumplimiento de los derechos laborales consagrados por la ley, al supeditarlo a la absoluta e ilimitada arbitrariedad de una de las partes.

Tales emolumentos, según lo expuesto por los altos mandos de la Armada, solo se deberían pagar cuando los dioses se dignan a firmar las respectivas resoluciones.

Lo anterior, implicaría, haciendo una comparación pertinente, que un empleador del sector privado estaría obligado a sufragar las remuneraciones a partir de la fecha en que, caprichosamente, suscribiera el respectivo contrato; y no desde que, en los hechos, se ha iniciado la relación laboral.

Esta interpretación rompe el principio de la primacía de la realidad que se encuentra expresamente prescrito en nuestro ordenamiento

jurídico. Ejemplo de lo referido, son los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo.

La única excepción al principio de la primacía de la realidad, se relaciona con la investidura regular y previa de los funcionarios públicos, propia del régimen estatutario administrativo.

En este litigio, eso no está en discusión toda vez que se trata de trabajadores del Estado debidamente nombrados, a los cuales se les niegan derechos que la ley les reconoce y que, al tenor de los artículos 1, inciso primero; y 5, inciso segundo, de la Constitución, deben ser respetados de buena fe.

  1. En Chile, desde 1811 existe libertad de vientre y, desde 1823, está prohibida la esclavitud. Por tanto, el trato degradante que reciben los funcionarios amparados requiere, necesariamente, la intervención de la jurisdicción conservadora de los tribunales de justicia para concretar el principio que está en las bases de nuestra institucionalidad, al consagrarse que en Chile no hay diferencias arbitrarias estando asegurado, además, el derecho a una justa retribución, como indican los artículos 1, inciso primero; y 19 Nº 2 y 16 de la Constitución.
  1. Por otro lado, la diferencia entre Oficiales y Gente de Mar queda a la vista cuando el fallo apelado asiente que los primeros efectuaron el curso de guerra especial en 1 semana, a partir del mes de marzo de 2019, y que se les pagó el sobresueldo en mayo. En cambio, a la Gente de Mar, que aprobó el curso en el mes de noviembre de 2018, solo se le pagó tal estipendio en agosto del año 2019.
  1. Hay que dejar constancia de un error fáctico que comete esta I. Corte al señalar el mes de junio de 2019 como fecha de pago a la Gente de Mar que realizó el curso en el mes de noviembre de 2018. Ese mes, no ha sido mencionado en este juicio por los recurrentes ni por los

recurridos. La resolución administrativa de sobresueldos de la Gente de Mar es del mes de julio de 2019 y el pago efectivo se verificó en agosto de 2019.

  1. Se dice en los informes y en los escritos de téngase presente, ingresados por la Armada y el Consejo de Defensa del Estado, que la circunstancia que los Oficiales hagan el curso en una semana se debe a que, en su calidad de Guardiamarinas, tienen un periodo académico de 4 años y que la Gente de Mar solo tiene el nivel técnico de 2 años.

Se oculta, sibilinamente, que los cursos que efectúa la Gente de Mar requieren que los postulantes tengan más de 20 años de servicio y no como los Oficiales que lo realizan inmediatamente al egresar de su escuela. Es evidente que los conocimientos que entregan 20 o 23 años de servicio a la Gente de Mar, perfectamente equilibran los 4 años académicos de los Guardiamarinas. Es más, muchos miembros experimentados de la Gente de Mar le hacen instrucción a los Guardiamarinas en su paso por la Escuela Naval.

DELITOS DE AMENAZAS, FALSIFICACIONES, ABUSOS Y VEJÁMENES

  1. Debemos denunciar que el Ministerio de Defensa como el alto mando de la Armada, se coludieron para amenazar con represalias laborales y con sanciones de la justicia penal naval, a los funcionarios firmantes de las supuestas declaraciones de desistimiento que fueron acompañadas por un Vicealmirante en este juicio, con el objeto de desvirtuar nuestra petición de protección constitucional.

Ello, además de reflejar una gran ignorancia jurídica ya que la CUT Militar no requiere de mandato de los afectados para actuar en esta sede jurisdiccional, constituye un delito que perseguiremos en estrados judiciales, solicitando se cite a declarar a todos los perjudicados.

Tal bajeza, demuestra una cobardía y un abuso con los más débiles que solo es posible concebir de aquellos que heredaron la prepotencia del Vicealmirante, José Anacleto Goñi Prieto.

Nosotros, en cambio, preferimos seguir el ejemplo del héroe, marino, abogado y ciudadano ejemplar, Arturo Prat Chacón, en su defensa del ingeniero 2º de la Covadonga, Ricardo Owen; y del teniente Luis Uribe, ante el abuso del mando en contra del personal subalterno.

  1. También se debe denunciar la presentación de documentos falsos en este proceso, en donde se acompañaron certificaciones sin fecha. Es pertinente agregar el ocultamiento de las papeletas de pago de los funcionarios que permiten determinar las discriminaciones entre Oficiales y Gente de Mar, así como los periodos y las omisiones en la cancelación de los sobresueldos que se reclaman.

 MONTONERA JURÍDICA

  1. Otra circunstancia que no podemos dejar pasar, es la montonera jurídica que los recurridos desplegaron en este proceso. Han enviado informes, escritos y documentación, el Consejo de Defensa del Estado y el Director del Personal de la Armada. También han intervenido el Comandante en Jefe, a través de oficiales inferiores, y el Ministerio de Defensa. Faltó, únicamente, que el respetable estafeta del ministerio remitiera informe a la I. Corte.

Nuestra reclamación es seria y legítima en un Estado republicano y democrático, por lo cual merecemos, al igual que el país, interlocuciones responsables y unívocas en materias relacionadas con recursos y funciones públicas.

 POR TANTO,

 PEDIMOS A S.S.I. Tener por interpuesta apelación de la sentencia desestimatoria para que se eleven los antecedentes a la Excma. Corte Suprema, con la finalidad que esa magistratura acoja, en todas sus partes, la solicitud de protección interpuesta, ordenando al Estado el pago de los sobresueldos reclamados en el entendido que sin justicia no habrá paz social.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .