Denuncian a jueces y fiscales de La Calera por encubrir un asesinato

Santiago, 13 de enero

Se ingresó en el Juzgado de Garantía de La Calera, V Región, Chile, una denuncia criminal en contra de los fiscales y magistrados de ese tribunal, por encubrir el crimen del joven empresario, Juan López – Baldomá Carretero, cuyo cuerpo apareció sin vida en la localidad de La Campana, el 25 de octubre de 2015.

La querella fue interpuesta por la organización MADRES POR LA JUSTICIA, a través de su presidenta, Teresa Cornejo González, con el patrocinio de la abogado de derechos humanos, Mónica Araya Flores.

En la investigación inicial, la madre de la víctima, Pilar Carretero Ovalle, reprochó la alteración del sitio del suceso, irregularidad que fue reconocida y confesada como propia  por dos carabineros de la policía uniformada que concurrieron al lugar de los hechos. Esta grave anomalía impidió a los peritos de investigaciones criminales  – PDI Valparaíso, realizar el informe sobre lo ocurrido.

Altamente cuestionable, estima Pilar Carretero, resulta la conducta de la  fiscal Gabriela Fuenzalida Suárez. Como respuesta a las legítimas dudas de una madre por la sospechosa muerte de su hijo, la funcionaria pública le dijo que solo debia resignarse y que su problema era el síndrome de la negación. Tal cual.

Frente a la complicidad de jueces y fiscales que decretaron arbitrariamente el cierre de la causa penal, la organización de madres interpuso acciones penales en Valparaíso en contra del Fiscal Regional de la época, por integrar y avalar el estratagema de impunidad.

Según las denunciantes, a la acción presentada en Valparaíso, los jueces y fiscales de la localidad de La Calera, reaccionaron inventando un juicio paralelo y subrepticio, excluyendo a la madre del conocimiento de los antecedentes,  RIT 550 – 2020, para  auto perdonarse y sobreseer a los funcionarios corruptos que adulteraron pruebas, entre ellas el informe forence.

La versión oficial es que existió un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, muchas inconsistencias  derrumban el relato de la fiscalía.  No habían razones o antecedentes previos o coetáneos que puedan respaldar tal afirmación del Ministerio Público.

Por el contrario, la desaparición de importantes sumas de dinero de la casa del occiso, la manipulación y apropiación de celulares y computadores de la víctima por la policía y fiscalía, más la destrucción del sitio del crimen por parte de Carabineros, dan cuenta de una operación muy bien organizada para proteger a los responsables del homicidio.

En Chile, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, se encuentran altamente devaluados  en la opinión pública por casos de corrupción y discriminación social como lo gráfican los brutales asesinatos de las niñas ÁMBAR, Ámbar Lezcano de un año y siete meses de edad; y Ámbar Cornejo, de 16 años, ocurridos el 2018 y 2020, ambos en la V Región.

La denuncia judicial de las MADRES POR LA JUSTICIA,  tiene el ingreso RIT  O-104-2021 y su texto es el siguiente:

EN LO PRINCIPAL: QUERELLA POR DELITOS DE CORRUPCIÓN EN CONTRA DE FISCALES Y JUECES DE GARANTÍA DE LA CALERA POR EL CASO QUE SE INDICA.

PRIMER OTROSÍ: SOLICITUD DE DILIGENCIAS AL MINISTERIO PÚBLICO.

SEGUNDO OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE.

                                                  JUEZ DE GARANTÍA DE LA CALERA

Mónica Araya Flores, abogado de derechos humanos e integrante de la organización con personalidad jurídica “MADRES POR LA JUSTICIA”, con domicilio, para estos efectos, en el Fundo El Oasis de la Campana, en la comuna de Hijuelas, V Región, a S.S. Respetuosamente digo:

Que, acompañándome en esta acción la Sra. Teresa Cornejo González, presidenta de nuestra asociación, con mi domicilio; y  mérito del artículo 111 inciso segundo del Código Procesal Penal, estatuido para la persecución de delitos de funcionarios públicos en contra de la probidad y que se especifican en el cuerpo de este escrito; vengo en interponer querella criminal por corrupción en contra de los Jueces de Garantía y Fiscales de La Calera, que han intervenido en el proceso investigativo y judicial sobre el asesinato del hijo del Sra. Pilar Carretero Ovalle, Juan López-Baldomá Carretero (Q.E.P.D,  Rut: 8.536.960-1, cometido el 25 de octubre de 2015, así, como en el encubrimiento del mismo. En especial, se persigue con esta acción a  los participes de la investigación y tramitación correspondiente al RIT 550-2020, de este tribunal,  que no es más que un proceso paralelo originado con el siniestro propósito de enterrar las responsabilidades que se persiguen en otra causa instruida en Valparaíso, como se pasará a explicitar.

1.-  La madre de la víctima es miembro de nuestra organización y ha debido soportar la impunidad otorgada por funcionarios públicos a los homicidas de su hijo.

2.- En efecto, en la investigación inicial de la Fiscalía de La Calera, por la muerte  de Juan López – Baldomá Carretero, RUC 1501017154-4 del año 2015, están confesos dos carabineros de haber alterado el sitio del suceso. Lo anterior, imposibilitó, como lógica consecuencia,  cualquier peritaje idóneo del lugar por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, según lo declarado, en la misma investigación,  por los Subcomisarios, Sres. Jorge Angulo Morales y Cristóbal Fernández Muñoz. Lo descrito, fue confirmado por un sumario interno de  Carabineros de Chile, como respuesta a un reclamo ingresado en la Presidencia de la República por nuestra  agrupación de madres. Esa causa fue rápidamente sobreseída por la fiscalía y el tribunal de La Calera, a pesar de las obvias irregularidades de las cuales son, a lo menos, encubridores.

3.- Como la decencia no permite dimitir ante tales arbitrariedades,  presentamos la correspondiente querella en Valparaíso, RIT 10.682 -2020, por encontrarse implicado el Fiscal Regional en la obstrucción de la investigación y en el ocultamiento de la alteración del lugar de los hechos.

4.-  Sorpresivamente, y de manera clandestina, con la intensión ostensible de soterrar las inequidades descritas,  se inició de la noche a la mañana,  y en paralelo, la causa penal, RIT 550 – 2020, en este tribunal, con el indisimulado objetivo por parte de los funcionarios envueltos de autosobreseerse en la penumbra.

5.- En este último proceso, RIT 550 – 2020, paralelo al de Valparaíso, la Fiscalía Local de La Calera, en una parodia judicial, intelectualmente burda y pobre, pide, al margen de todo pudor, el sobreseimiento definitivo de los crímenes funcionarios que denunciamos en la citada causa de Valparaíso.

Como se anticipó, en la ciudad puerto nos querellamos por la obstrucción a la investigación, respecto del homicidio de Juan López-Baldomá Carretero, por la alteración intencional del sitio del suceso, la apropiación de computadores y celulares del occiso, así, como la adulteración de sus sistemas informáticos con el borrado de datos y antecedentes relevantes, ilícitos tipificados como delitos en los artículos  269 bis y 269 ter del Código Penal; y en los preceptos 1 y 3 de la ley Nº 19.223. Tampoco apareció el dinero que estaba en la residencia de la víctima.

6.- Para contextualizar la situación,  debemos rememorar que en la indicada investigación primigenia, RUC 1501017154-4, por la muerte de Juan López- Baldomá, el 2015, la madre denunció, presencialmente, a la fiscal a cargo en La Calera como al Fiscal Regional de Valparaíso, la modificación del sitio del suceso por parte de carabineros. La respuesta, especialmente de la fiscal,  a la Sra. Pilar Carretero, fue cínica, obscena e inmoral. En efecto, la persecutora, señaló, para justificar tan manifiestas  irregularidades, que “… en La Calera las cosas se hacían así y que el problema que tenía, en su condición de progenitora,  era el síndrome de la negación de la realidad, por lo que solo cabía la resignación.”

7.- Se entenderá que un mínimo de decoro y probidad que impone un básico Estado de Derecho, son incompatibles con la reprochable conducta funcionaria que censuramos.

8.- Además, son torpemente tramposos quienes iniciaron en las sombras un nuevo proceso paralelo, como el señalado RIT 550-2020, con el objetivo de sobreseer a los culpables de los graves delitos revelados previamente.  Nunca le informaron a la madre, en su condición de principal interesada, la apertura y desarrollo de esta nueva investigación. Entonces, resulta evidente el montaje judicial.  

9.- Las víctimas, en este nuevo sistema procesal penal, tienen derechos que la fiscalía y los jueces no pueden soslayar, salvo manifiesta prevaricación. En efecto, el artículo 19 Nº 3, inciso segundo, de la Constitución, en relación al 83, inciso segundo, de la misma, consagran el derecho a la acción penal que le corresponde a las primeras.

10.- En consecuencia, los querellantes, y en especial los ofendidos, tienen la facultad legal de forzar la acusación para el caso de disconformidad con la fiscalía, eventualidad que procede tratar en la respectiva audiencia de sobreseimiento, al tenor del artículo 258 del Código Procesal Penal.

11.- Tal derecho de las víctimas presupone, como lo veremos a continuación, la obligación del Ministerio Público de informarles anticipada y lealmente sobre la integralidad de la investigación; y no sorprenderlas con citaciones a audiencias, como las decretadas en el RIT 550-2020,  tramadas secretamente, en donde la presencia de los afectados en la sala del tribunal, sin el debido conocimiento de lo que será tratado,  solo sirve para disfrazar, con falsa legitimidad, un ultraje público vestido de toga.

12.- La malas costumbres institucionales inducen a olvidar que la fiscalía antes de solicitar el término del procedimiento debe comunicar los antecedentes a las víctimas y escuchar su parecer, como indica, literalmente, el artículo 78, letras a) y d), del Código Procesal Penal.

13.- Los jueces, por mandato expreso del artículo 6, inciso primero en su parte final, de ese código, deben cautelar tales derechos. En caso contrario, se exponen a la persecución criminal por  los delitos de fallar con prevaricación o ignorancia inexcusable, configurados en los artículos 223 Nº 1 y 224 Nº 1 del Código Penal

14.- Sin perjuicio de lo dicho,  se constata otra omisión en la parodia de sobreseimiento que se anuncia en el proceso RIT 550 – 2020. Para evitar la indefensión de las víctimas y/o el abuso del fiscal, el legislador impone un requisito previo a todo sobreseimiento, sin excepción: la existencia de formalización de los imputados. De esta forma   , y como lo adelantamos,  el legislador, en el artículo 258 del Código Procesal Penal,  respeta la acción penal que el constituyente le reconoce a los ofendidos, posibilitando a la víctima forzar la acusación si lo estima procedente. De esta manera, se acata, de paso, el deber de congruencia que exige el artículo 259 del aludido cuerpo legal que garantiza los derechos del inculpado.

15.-  Aprender a leer, al menos, el artículo 255 del mismo código, permite deducir, sin lugar a dudas,  que la formalización es condición imprescindible y previa a todo sobreseimiento. Pero, en este medio, en donde, lamentablemente, campea la ignorancia y la corrupción, la arbitrariedad se ha hecho costumbre.

16.- Tanto en el proceso judicial como en la investigación que integran la causa RIT 550 – 2020, del Juzgado de Garantía de La Calera, no hay formalizados ni se han comunicado a la madre los antecedentes sobre la obstrucción de la investigación respecto de su hijo asesinado.  Se deduce, por ello,  que no se han considerado las mínimas garantías procesales que amparan a las víctimas. Entonces, es justo calificar estas maniobras como viles operaciones de impunidad que se agregan al encubrimiento institucional del homicidio de Juan López- Baldomá Carretero.   

17.- En atención a lo argumentado,  se puede reiterar que tanto el inicio como la tramitación de la antedicha causa, RIT 550 – 2020, en el Juzgado de Garantía de La Calera, constituyen, en sí mismos, un crimen. Se busca, indesmentiblemente, en un proceso paralelo incoado ad-hoc,  la inmunidad y el sobreseimiento fraudulento de los funcionarios públicos mezclados en la obstrucción del esclarecimiento de un homicidio.

18.- Como en estos crímenes hay jueces y fiscales implicados, puede agregarse a las deshonestidades relatadas, el delito de organización de una asociación ilícita, en los términos de los artículos 291 y siguientes del Código Penal, que, para variar, descolora más la alicaída imagen del Poder Judicial y del Ministerio Público.

19.- Como indicó, y así lo hemos replicado, el Ministro de la Corte Suprema, Sr. Sergio Muñoz Gajardo, la ciudadanía debe denunciar la corrupción judicial. Nos remitimos a sus palabras declamadas el 5 de abril de 2019[1], con ocasión del juramento de nuevos abogados:

  “Es labor de los abogados, de ustedes, al igual que de toda la ciudadanía, observar la conducta de los jueces y denunciarla si es necesario…”

(…)

“…al juez se le exige que se esfuerce por encontrar la solución justa y conforme a derecho para el caso jurídico que es materia de su competencia, labor que se la ha confiado por la demostración de ejercer una conducta honesta. Esta confianza no es graciosa, se debe mantener día a día; es uno de los aspectos que otorga legitimidad social a la labor de cada juez”.

20.- Debo terminar señalando que la cadena criminal que exponemos tiene una agravante especial. Prevaleciéndose de la condición de funcionarios públicos que tienen los responsables, la secuencia delincuencial ha sido consumada corporativamente y en pandilla, torciendo medios e instancias jurisdiccionales,  para asegurar la impunidad.

Los múltiples agentes estatales, tanto judiciales y administrativos, envueltos en el conocimiento de estos delitos, infringieron, de paso,  su deber de denunciar impuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal, en relación con el 176 y 177 del mismo cuerpo legal. Los que no delinquieron directamente, miraron al costado.

La ciudadanía, como demuestra el actual proceso constituyente, ya no está dispuesta a soportar tales patrañas, atropellos e impunidades. 

POR TANTO,

PIDO A S.S. Sin perjuicio de tramitarse como querella de capítulos una vez determinados los inculpados con fuero judicial, tener por interpuesta acción penal en contra de los involucrados por los hechos antes indicados como autores, cómplices y encubridores, a fin sean investigados, formalizados, acusados y, en definitiva, condenados por los delitos en contra de la probidad pública y de la garantías constitucionales que hemos enunciado,  con costas.

PRIMER OTROSÍ: Pido, al Ministerio Público, y en mérito de los artículos 113 letra e) y 183, ambos del Código Procesal Penal, la realización de las siguientes diligencias:

1.- Se cite a declarar a:

1.1.- Jaime Brieba Quintana, perito criminalístico, con domicilio en calle Chaparro 124, Cerro Cordillera, Valparaíso.

1.2.- Pilar Carretero Ovalle, con domicilio en parcela ubicada en el Fundo El Oasis de la Campana, en la comuna de Hijuelas, V Región.

1.3.- Gabriela Fuenzalida Suarez, fiscal de La Calera, con domicilio en las dependencias del Ministerio Público de dicha comuna.

1.4.- Francisco Cabezas Vergara, Juez de Garantía de La Calera, con domicilio en las dependencias del respectivo tribunal en esa comuna.

1.5.- Jorge Angulo Morales y Cristóbal Fernández Muñoz, funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, con domicilio en tales dependencias.

1.6.- Leandro Rodríguez Viera, con domicilio en Freire 0134, comuna de San Carlos.

1.7.- Diego Pinuer Vásquez, con domicilio en Langdon s/n,  Quemchi, Chiloé.

2.- Se traiga a la vista la causa RIT O-2913-2020, tramitada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

3.- Se traigan a la vista las causas tramitadas en el Juzgado de Garantía de La Calera sobre la muerte de don Juan López-Baldomá Carretero, como las que se refieren a la obstrucción a la investigación respecto de las mismas, con sus correspondientes carpetas investigativas.

4.- Se traiga a la vista la causa criminal tramitada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, RIT: 10.682 – 2020.

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase tener presente que, en mi calidad de abogado, patrocino esta querella, acompañando, además, la escritura que acredita mi personería respecto de la Sra. Teresa Cornejo González, dejando como correo electrónico, para los efectos de las notificaciones que se realicen: losamoalostres@yahoo.es, en homenaje a mis dos padres desaparecidos por la dictadura militar, en 1976; y a mi hijo asesinado, el año 1987, por la misma cuadrilla de homicidas.

[1] Supremo Sergio Muñoz pide a abogados y ciudadanos denunciar conductas impropias de jueces. https://www.pauta.cl/nacional/supremo-sergio-munoz-pueblo-gente-mas-importante-que-autoridad

 

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