En una entrevista realizada el miércoles con radio Cepra-Satelital, el expresidente del Senado René Martínez denunció la conspiración que realizaron Carlos Mesa y Tuto Quiroga, dos mandatarios bolivianos, al obviar la ley para impulsar el “Plan B” que diseñó la ruta para que la Jeanine Áñez llegara al poder en 2019 y se arrogase competencias que no les correspondían.

Ahora quieren vender “gato por liebre”, al mencionar una sucesión constitucional que nunca se dio, criticó Martínez, tal y como recogió la agencia de noticias local ABI.

En este sentido, Martínez recordó que Mesa y Quiroga conocen las normas jurídicas vigentes para la sucesión constitucional debido a que ellos asumieron las riendas del país, bajo esas figuras legales, pero, aun así, obviaron las mismas en el caso de Áñez, quien se autoproclamó presidenta con la excusa de cumplimiento de la “sucesión constitucional”.

El expresidente del Senado boliviano indicó que esta estrategia golpista obligó con violencia, torturas y chantajes a la renuncia del entonces jefe de Estado Evo Morales y de los presidentes de Diputados y Senadores.

Durante la entrevista, Martínez denunció el papel que jugaron varios actores políticos, religiosos y diplomáticos en el golpe de Estado de 2019 en el país altiplánico al perfilar el mencionado “Plan B”.

Recalcó que a esta estrategia conspirativa se sumó también el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuando el organismo, en el marco de su misión como observadora en las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia, publicó un desacertado informe de auditoría, en el que afirmó que Morales no había conseguido los votos suficientes, acusándolo de fraude.

El informe de Almagro desató una crisis en Bolivia que dio lugar al golpe que apartó del poder a Morales el 10 de noviembre de 2019.

MASACRES MILITARES

El ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que los exjefes de las Fuerzas Armadas del gobierno de facto (2019-2020) fueron destituidos en diciembre pasado por negarse a entregar información sobre la participación de los militares en esos hechos y otras acciones represivas tras el golpe de Estado contra Evo Morales.

Al intervenir en el programa Piedra, Papel y Tinta del diario La Razón, Lima destacó que el nuevo mando liderado por el general César Vallejos garantiza el desarrollo de las pesquisas para llevar ante la justicia a los responsables del luto de varias familias bolivianas.

Precisó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investiga los hechos de violencia de septiembre a diciembre de 2019 recibe información importante relacionada con las Fuerzas Armadas a medida que la solicitan.

Según fuentes oficiales, Arce relevó de sus cargos a Jaime Alberto Zabala, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Miguel Ángel Contreas, exjefe del Estado Mayor Accidental, y a Faud Genaro Ramos, excomandante de la Fuerza Aérea, César Moisés Vallejos Rocha, excomandante de la Fuerza Aérea, y Javier Torrico Vega, excomandante de la Armada.

El 15 de noviembre de 2019 un enfrentamiento entre movilizados que rechazaban la asonada golpista contra el presidente Evo Morales y la Policía en el puente de Huayculli, Sacaba, dejó un saldo de cinco fallecidos y decenas de heridos.

Los hechos documentados por la misión de observación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desplegada en Bolivia fueron calificados como graves violaciones de esos, al igual que el enfrentamiento del 19 de noviembre en la ciudad de El Alto, departamento de La Paz.

La represión contra manifestantes opuestos al gobierno de facto durante una operación policial-militar para desbloquear las rutas desde la planta de gas de Senkata dejó un saldo de 10 muertos.

La expresidenta de facto Jeanine Áñez, exministros y exjefes militares están en prisión preventiva por el caso del golpe de Estado acusados de terrorismo, sedición y conspiración, entre otros delitos.

Órdenes de aprehensión fueron emitidas contra el extitular de la Presidencia Yerko Núñez, con paradero desconocido, así como Arturo Murillo (Gobierno) y Fernando López (Defensa), estos últimos fuera del país de forma ilegal.